3.- ESTRUCTURAS CONDICIONANTES DE LA IDENTIDAD ANDALUZA.
3.1.-
Estructuras económico-sociales
(Manuel Delgado Cabeza)
3.2.- Valores
políticos, Formas de Poder e Identidad
(José Cazorla
Pérez)
(Javier
Escalera Reyes)
La identidad del pueblo andaluz es, como se viene
subrayando, el resultado de un largo proceso histórico, y en su configuración
han jugado un papel muy importante las condiciones materiales de vida, sin que
esto suponga una correspondencia unívoca y determinista entre lo ideal y lo
material, cuyas relaciones se desenvuelven dentro de una dialéctica de
interdependencia más compleja.
En ese largo proceso, los doscientos últimos años,
construidos sobre el haber sido
anterior, son los que en mayor medida han contribuido a generar los marcadores
de identidad que hoy predominan en la cultura andaluza. Y en esa trayectoria,
el modo de inserción en el capitalismo y el papel jugado por Andalucía en la
división del trabajo, que surge y se consolida a lo largo de los dos últimos
siglos, va a condicionar algunos de los rasgos básicos que caracterizan nuestra
identidad como pueblo.
a) Configuración de una formación social periférica.
Como es sabido, la conquista castellana supuso, entre otras
cosas, el comienzo de un nuevo modo de organización económica y social, con la
agricultura como fuente principal de riqueza y de acumulación. Nuevas formas de
generación, apropiación y distribución de la riqueza, desde muy pronto van a
consolidar una fuerte polarización social configurada en sus extremos por los
“agraciados” en el reparto de tierra y quienes sólo disponen de sus brazos para
trabajarla.
El siguiente trayecto, el del tránsito del antiguo al nuevo
régimen, ya entrado el siglo XIX, es, en Andalucía, la historia del triunfo de
la propiedad privada en el campo andaluz y de la consolidación de la posición
hegemónica oligárquica de una burguesía agraria estrechamente emparentada con
las clases privilegiadas del antiguo régimen. Este triunfo, que supone la
destrucción de formas comunales de uso de la tierra y en gran parte el ocaso
del patrimonio municipal, tiene lugar en medio de una oposición popular que
cuestiona la legitimidad de las formas de apropiación y distribución de la
riqueza impuestas en el campo andaluz.
Sobre este sistema agrario, caracterizado por la abundante
utilización de fuerza de trabajo asalariado, sin fijación a tarea o espacio
alguno, disponiéndose de ella en la medida en que era requerida por las
necesidades de cada momento, se estructura un conjunto de relaciones
económicas, sociales y políticas, en un contexto que está en relación también
con un imaginario, una visión del mundo del jornalero andaluz, cuyos elementos
integrantes han sido puestos de manifiesto en algunos trabajos, entre los que
el de Juan Martínez Alier se ha convertido ya en clásico. Entre estos elementos
se encuentran, junto al rechazo a la legitimidad de la propiedad de la tierra,
el concepto de la unión como vínculo de solidaridad, la valoración positiva del
trabajo como mecanismo de autoidentificación y autovaloración, que separa,
distingue y legitima al colectivo de pertenencia frente a “los otros”, la clase
“ociosa”, el cumplir y la dignidad como componentes básicos de la idea del
trabajo, independientes de la riqueza material. Estos elementos, fuente de
actitudes y creencias, no sólo explicarán en gran medida fenómenos como la
historia de las agitaciones campesinas andaluzas, sino que trascienden este
sector social del que emergen para impregnar el sustrato sobre el que se conforma,
como fruto de una experiencia histórica colectiva, la cultura andaluza.
Una cultura asociada y condicionada también por las formas
de articulación de la estructura productiva andaluza con el exterior. Hay que
recordar en este sentido que, mientras que en Andalucía se afianza una economía
que gira en torno a la agricultura y a
actividades como la minería y la pesca, que definen una especialización
productiva fuertemente vinculada a la explotación de los recursos naturales, en
otros territorios, como Cataluña y el País Vasco, se ha producido un tránsito
hacia el predominio de la industria, consolidándose, desde la segunda mitad del
siglo XIX, una división del trabajo en la que el patrimonio natural de
Andalucía –suelo y subsuelo-, se pone en gran medida al servicio de las
necesidades de los procesos de crecimiento y acumulación que tienen lugar en
otras áreas. Se trata, por tanto, de una especialización propia de las
economías periféricas, una especialización dependiente.
Esta doble dependencia, externa e interna, con sus
especificidades, y también con sus antecedentes propios, diferentes a los de
otros territorios, marcará de forma clara los principales rasgos de nuestra
cultura.
b) Crecimiento y modernización en
los 60.
No cabe duda de que los años 60 suponen el comienzo de una
nueva etapa en la articulación de Andalucía dentro del sistema. Es una etapa en
la que se aceleran las relaciones entre la economía y la sociedad andaluza y el
exterior, teniendo lugar importantes cambios hacia adentro, viéndose alteradas
las formas de vida, los procesos de trabajo, los modos mediante los cuales los
andaluces obtienen sus ingresos, las pautas de consumo, los asentamientos
poblacionales o las relaciones con el medio natural.
Entre los factores que en mayor medida condicionan estos
cambios cabe destacar los siguientes:
1) Los movimientos migratorios. El papel de Andalucía en la división
territorial del trabajo, y las necesidades de la acumulación en otras áreas, la
convierten en importante suministradora de fuerza de trabajo a los principales
centros económicos dentro del Estado (Cataluña, País Vasco y Madrid,
fundamentalmente), y a los núcleos más dinámicos de la Europa del entonces
llamado Mercado Común. El contacto de los andaluces, bajo duras condiciones de
vida y trabajo, con realidades distantes y distintas a la suya, tuvo entonces
un papel muy importante en el autoreconocimiento de las diferencias y en la
toma de conciencia de su propia identidad como pueblo.
2) Modernización de la agricultura. En los años 60 se descompone en Andalucía
el modelo de agricultura tradicional, que descansaba en la utilización de una
abundante mano de obra barata, y se pone en marcha un proceso de modernización,
que tiene como hilo conductor una mercantilización que se profundiza en su
evolución temporal.Creciente integración de la agricultura en un sistema
agroindustrial cada vez más internacionalizado, disminución progresiva de la
participación salarial en el valor añadido, modificación sustancial de las
relaciones entre la gestión de los sistemas agrarios y la naturaleza, en
detrimento de la sostenibilidad y la reproducción de estos agrosistemas, e
intensa reducción del empleo, han sido las características que han definido la
dinámica del sector agrario, y que, en su profundización en las décadas de los
70 en adelante, van a significar, entre otras cosas a las que nos referiremos
más adelante, una intensa y progresiva disminución del trabajo agrícola
asalariado como fuente de ingresos monetarios en el medio rural andaluz y la
consiguiente quiebra del modelo en el que se había generado esa cultura a la
que antes se hizo referencia.
3)Crecimiento económico desde la desigualdad.
En los años 60, Andalucía conoce un período de una década de intenso y continuado
crecimiento económico, por encima de la media española y de mayor nivel que el
que se tendrá después, en los últimos años de la década de los 80 y hasta 1992.
Este crecimiento se sustenta, básicamente, en tres elementos. Por una parte, la
agricultura, que conoce en estos años, bajo un fuerte proceso de mecanización,
incrementos importantes en sus niveles de producción. Por otra, comienza el
auge y la consolidación de un turismo de masas que llega, sobre todo, a algunas
zonas de las costas andaluzas. La actividad industrial también experimenta un
notable incremento, hasta el punto de ser el sector en el que tienen lugar las
mayores tasas de crecimiento. La instalación de algunos grandes
establecimientos industriales (Refino de Petróleo, Química básica, Papel), que
vienen a ser apéndices de las economías centrales, desconectados del resto del
tejido productivo andaluz, mientras éste en buena parte se desmembra, produce
como resultado, al final del período, un mayor debilitamiento de la actividad
industrial autóctona.
En esta etapa se tiene ocasión de constatar que, sin cambios
estructurales, sin profundas transformaciones en torno a cómo se produce y cómo
se distribuye la riqueza en Andalucía, estimular el crecimiento significa
profundizar los desequilibrios, acentuar la desarticulación, profundizar en una
dinámica de adaptación a necesidades ajenas.
Todos estos elementos se unen más adelante, ya a finales de
los 70, a los efectos de la crisis económica
y el cierre de la espita de la emigración, para sumir la realidad
andaluza, cuando llega la llamada transición política, en una situación
especialmente grave en la que se va gestando una toma de conciencia que dará
lugar a la generalización de la conciencia de identidad andaluza. El pueblo
andaluz reafirma su existencia como pueblo el 4 de diciembre de 1977, y,
rechazando la discriminación a la que se pretendía someterlo, exigió
instrumentos de autogobierno que le permitieran resolver los seculares
problemas de dependencia y marginación que obstaculizaban su desarrollo. Como
forma de rechazo de esa situación secular, se reivindicaban con fuerza “las
riendas de la autonomía” capaces de traer “trabajo y prosperidad” a un pueblo
que se veía próximo a ser sujeto de su propio destino.
c) La Autonomía instituida.
Con la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso
Autonómico) como trasfondo, y la elaboración del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, se va a iniciar un proceso por el que se reconducen los deseos de
transformación social hacia los cauces de participación institucional
establecidos.
No obstante, y a pesar de las limitaciones con que había
nacido el Estatuto, éste aspiraba, según constaba en su artículo 2º, a “hacer realidad los principios de libertad,
igualdad y justicia para todos los andaluces, en el marco de igualdad y
solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España”. En el
ámbito de lo económico, los artículos 12 y 18 señalan los principales objetivos
e instrumentos propuestos por el Estatuto. El primero de ellos, establece entre
los objetivos básicos, para cuyo alcance,
“la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes”, 1º “La consecución del pleno empleo en todos los sectores de la producción
y la especial garantía de puestos de trabajo para las jóvenes generaciones de
andaluces”...3º..”la justa
redistribución de la riqueza y la renta” 4º...”se crearán las condiciones indispensables para hacer posible el retorno
de los emigrantes, y que éstos contribuyan, con su trabajo, al bienestar
colectivo del pueblo andaluz”...7º”La
superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre las
distintas áreas territoriales de Andalucía, fomentando su recíproca solidaridad”.
9º”La constante promoción de una política
de superación de los desequilibrios existentes entre los diversos territorios
del Estado, en efectivo cumplimiento del principio constitucional de
solidaridad”. 10º”El desarrollo
industrial como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía”.11º”La reforma agraria, entendida como
transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias, y como
instrumento de una política de crecimiento, pleno empleo y corrección de los
desequilibrios territoriales”.
Veamos a continuación cómo han evolucionado, desde los 80,
los elementos de la realidad económica y social de Andalucía que en mayor
medida tienen que ver con estos propósitos expresados en el Estatuto de
Autonomía.
1) Evolución de la estructura económica.
En la llamada etapa autonómica, la capacidad de generación de
valor añadido en Andalucía se ha mantenido, con ligeras variaciones, al nivel
que se tenía en 1978 (12,5% aproximadamente del valor añadido generado en el
Estado), un porcentaje muy por debajo del que le correspondería por el peso de
su población (18%). En este sentido, puede decirse que estamos donde estábamos,
aunque tanto el porcentaje de participación de la economía andaluza, como la
diferencia con respecto a Cataluña, el País Vasco y Madrid era más favorable en
1955. Hoy, Andalucía se sitúa por debajo de la posición que tenía cuatro
décadas atrás.
En lo que al empleo se refiere, el nivel al que se sitúa la
ocupación en 1995 viene a ser el mismo que el que se tenía en 1978, aunque esto
supone 300.000 empleos menos que los existentes en 1964. Se ha mantenido, por
tanto, como rasgo estructural de nuestra economía, su escasa capacidad para
generar empleo. El resultado de esta falta de creación de empleos en Andalucía
es, cortada la espita de la emigración, que el número de parados pasa de 262,5
miles en 1978 a 888,4 miles en 1995, más que triplicándose. Y ello concurriendo
al mercado de trabajo en 1995 sólo 47 de cada 100 personas en edad de trabajar.
Si la tasa de actividad o porcentaje de la población potencialmente activa que
demanda trabajo en Andalucía se hubiera equiparado con la media en los países
de la Unión Europea (67%), el paro alcanzaría cotas aún mayores.
La tasa de paro se ha movido desde el 14,8% en 1978 hasta un
33,9% en 1995, pasando a ser la más alta de las regiones europeas, en un proceso
de divergencia en relación con otros territorios del llamado mapa autonómico,
que resalta aún más el contraste con la situación de pleno empleo que se
planteaba como objetivo en el Estatuto de Autonomía. Este proceso desigual en
la evolución de la ocupación y del paro, conlleva, no sólo una lejanía muy
importante del pleno empleo que se señalaba en el Estatuto como objetivo, sino
también de la igualdad de oportunidades o de la superación de los
desequilibrios entre las diversas comunidades autónomas proclamados también
como fines a alcanzar en el mismo.
2) La especialización productiva.
Una primera aproximación a las funciones que la economía
andaluza juega en la división regional del trabajo y a su evolución se tiene si
observamos lo ocurrido para los tres grandes sectores -agricultura, industria y
servicios-, en cuanto a su participación en la producción española equivalente,
estableciendo la referencia con lo sucedido en el territorio al que denominamos
centro (Cataluña, País Vasco y Madrid).
En la agricultura, Andalucía, como era de esperar, aparece
durante todo el período considerado por encima del centro. Pero además, se
observa una tendencia claramente creciente para la participación andaluza en la
española. Esta participación ha pasado de 21,5 a 25,2 entre 1979 y 1995. Se ha
profundizado la especialización agraria andaluza, siendo ahora la agricultura
un sector orientado en mayor medida hacia el exterior. Mientras tanto, la
demanda interna de productos agrarios es abastecida, cada vez en mayor medida,
desde fuera. En 1980, la agricultura andaluza cubre la demanda interior en un
86,1%, descendiendo esta cifra al 76,3% en 1990. Ahora se importa el 23,7% de
los productos agrarios que se necesitan en Andalucía, en un proceso de
separación entre producción y consumo que hace a la demanda total de productos
agrarios más dependiente del exterior.
Al mismo tiempo, y en relación con lo anterior, se produce
un intenso y rápido proceso de especialización hacia la producción
hortofrutícola, que va camino de suponer la mitad del valor de la producción
agraria, y, en menor medida, hacia el olivar. Estos son, en gran medida, los
efectos de una “integración” -en este caso en el proyecto europeo, parte a su
vez de la mundialización -que absorbe las economías locales dentro de un
sistema gestionado, cada vez de una manera más centralizada, desde los núcleos
que controlan los circuitos de la gran producción y la gran distribución. Así
pues, especialización y vulnerabilidad crecientes, y extrema debilidad que se
ha puesto de manifiesto en los últimos años, a partir de los cambios en la PAC,
los acuerdos sobre liberalización de los mercados agrarios y los Acuerdos de
Asociación de la Unión Europea con los países terceros de la cuenca
mediterránea, que han llevado a que, por ejemplo, los más de 7.000 productores
de tomates en Andalucía no puedan competir con el cupo de 150.000 toneladas de
tomate magrebí destinado a Europa.
Esta dependencia de la parte más “moderna” y dinámica de la
agricultura andaluza, conformada de manera creciente de acuerdo con las pautas
de lo que se ha dado en llamar agrobusiness,
o agricultura industrial, reduce al agricultor a “cliente” de los grandes
consorcios agroalimentarios, y proveedor de las grandes cadenas de
alimentación, en un proceso en el que, por medio de cultivos “forzados”, se
trata de separar la agricultura de los límites y condicionantes del entorno.
El consiguiente uso creciente de productos químicos y, en
general, de materiales y energía no renovables para poder atender las necesidades
de esta agricultura a la que se ha denominado “devoradora de recursos”, produce
dos tipos de efectos ya ampliamente constatados en el caso de la agricultura
andaluza. Por una parte, hay clara disminución de la eficiencia energética, de
modo que para obtener una cantidad de producto determinada, se requiere
consumir aproximadamente diez veces más de energía. Por otra parte, los costes
“medioambientales” más próximos son también crecientes, y se manifiestan en
forma de fuerte consumo y contaminación de aguas superficiales y subterráneas
con nitratos o fosfatos, y mineralización
de suelos que pierden,
progresivamente, su fertilidad y se predisponen para la erosión. En
definitiva, esta agricultura, que se aleja cada vez más del respeto a las leyes
de reproducción de los agrosistemas, y cuya sostenibilidad se encuentra
seriamente cuestionada, es la que ha llevado a la Agencia de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, a señalar las actividades agrarias como “las causantes de los principales procesos de
degradación ambiental” en Andalucía.(Informe
General del Medio Ambiente en Andalucía 1987. Junta de Andalucía.)
A estas ineficiencias en sus relaciones con el medio físico,
esta agricultura, que tan bien se comporta desde el punto de vista del
crecimiento del valor añadido y la productividad durante el período, en gran
medida gracias a la “externalización” y no consideración de los costes
“medioambientales”, une unas repercusiones sociales en cuanto a la distribución
de la riqueza monetaria generada en su interior, que también desde este punto
de vista llevan a cuestionar su eficacia.
En este sentido, por una parte, en el período 1977-1995 se
han destruido 264,6 miles de empleos en la agricultura andaluza, que supone la
desaparición de más de la mitad (56,7%) de la ocupación que existía al
principio del período. A este fuerte ritmo de destrucción de empleo agrario va
unido un volumen relativo de salarios cada vez menor. En diez años, de 1980 a
1990, los salarios han pasado de representar casi la cuarta parte del valor de
la producción final agraria (24,4%), a suponer sólo un 14% de la misma.
Todo ello conduce a que la agricultura, principal y casi
única fuente de riqueza en el medio rural andaluz, en el que reside más de la
tercera parte de la población de Andalucía, ve progresivamente disminuir su
capacidad para proporcionar empleo y renta a la población que en él habita. Sin
que las perspectivas que se vislumbren puedan suponer cambios en las tendencias
apuntadas.
Así se plantea claramente en las Bases para un Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, documento
elaborado en 1993 por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía,
donde se puede leer que, por una parte, “la
agricultura seguirá siendo la actividad sobre la que bascule el desarrollo rural
en Andalucía” (p.14”), y por otra, que “la
agricultura difícilmente puede ya generar más empleos, acuciada ante el fuerte
ritmo de los cambios tecnológicos, socioeconómicos y laborales, y ante el
problema de lograr una mayor competitividad de sus actividades, en el marco de
la progresiva liberalización económica que se abre como consecuencia de la
reforma de la PAC, y los cambios experimentados en el entorno geopolítico
internacional -negociaciones del GATT, apertura comercial a los países del
Este, etc” (p.38).
Puede decirse, por lo tanto, que estamos en presencia de una
agricultura cuya trayectoria se aleja progresivamente de la que se reclamaba en
el Estatuto de Autonomía,(art.12-3-11º) en el que, como objetivo básico, se
fijaba la necesidad de poner en marcha las transformaciones necesarias para
conseguir que la actividad agraria llegara a ser un instrumento de una
política de pleno empleo y corrección de los desequilibrios territoriales. En
este ámbito, también la realidad ha discurrido en dirección contraria a las
intenciones manifestadas en el Estatuto.
La evolución de la participación de la industria andaluza en
la producción industrial española ha ido desde un 9,6% en 1977 a un 8,1% en
1995. Pérdida de peso que evidencia un declive del sector industrial andaluz,
que se contrapone fuertemente con el modelo de desarrollo anunciado en los años
80 por trabajos que, realizados con el patrocinio oficial de Instituciones como
la Sociedad Estatal Expo´92 y la Junta de Andalucía, se centraban en las nuevas
tecnologías y en el desarrollo de los sectores más avanzados de la industria,
para llevar a “una nueva Andalucía”
convertida en “una de las regiones
económicas y sociales más dinámicas de la nueva Europa”. (M. Castells y P. Hall, dirs. Para llegar a
estas afirmaciones se partía de un “diagnóstico” en el que se concluía que en
Andalucía se estaba asistiendo, desde 1986, a “un proceso de industrialización, tan rápido que sólo es equiparable al
experimentado en los últimos 20 años por el Pacífico Asiático”, con la
aparición de un “nuevo tejido productivo”,
como resultado de que “el nuevo
crecimiento andaluz es multisectorial y tiene su núcleo más dinámico en los
sectores más avanzados de la industria” (págs 816 y ss).
La distancia entre la realidad andaluza y la imagen que de
ella se difunde desde instancias oficiales ha sido, y en gran medida continúa
siendo, una de las constantes de los últimos 15 años. Una separación que en
nada favorece el necesario reconocimiento colectivo de la realidad en la que
nos desenvolvemos, con la consiguiente desactivación de las motivaciones hacia
el cambio. Mientras tanto, en este sector industrial andaluz, se destruían,
entre 1980 y 1995, 41,9 miles de empleos, el 20,4% de los que existían al
comienzo del mismo. Y la intensidad de esta pérdida de empleos viene a incidir
especialmente en las actividades de alto nivel tecnológico, donde desaparece
aproximadamente casi una tercera parte (31,5%). También estamos aquí muy lejos de las intenciones del Estatuto de
Autonomía, que como uno de sus objetivos básicos fijaba “el
desarrollo industrial, como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía”
(Art.12.3) En todo caso, el tipo de crecimiento que propicia el modelo
industrial vigente es fuente de situaciones de desequilibrio, tanto por su
polarización en torno a muy pocas actividades desligadas del resto del tejido
productivo, como por su localización espacial.
Como ilustración de las pautas territoriales que ha seguido
la localización espacial de las actividades industriales en los últimos años
dentro de Andalucía, podemos tomar el caso de la industria agroalimentaria, que
genera más de la tercera parte del valor añadido industrial (35,0%), y en la
que la inversión en el período 1984-1994 presenta un comportamiento altamente concentrado
alrededor de las principales áreas urbanas andaluzas. Concretamente, en 18
municipios de los 769 que componen el territorio andaluz -el 7,2% del mismo- se
localiza el 64% de las inversiones, mientras que en el 66% del territorio se
invierte sólo el 4% del total. Esta alta concentración territorial de la
actividad económica en unos pocos núcleos, mientras la gran mayoría del
territorio andaluz queda al margen de los procesos de crecimiento y
acumulación, ha contribuido a la profundización de los desequilibrios internos
que ha tenido lugar en estos años, en contra también de los propósitos del
Estatuto.
En los servicios, Andalucía ha venido representando entre
12,5 y el 13,5% del valor añadido por el terciario en el Estado, un peso que
está muy por debajo del 18% que representa la población andaluza. De modo que,
a pesar de que dentro de la estructura económica de Andalucía los servicios
hayan visto ascender su participación hasta representar más del 60% del mismo,
no puede decirse que la economía andaluza tenga una especialización productiva
ligada al sector servicios.
El empleo en los servicios andaluces se ha incrementado en
el período en 367,2 miles. Este crecimiento, que, suponiendo una cierta compensación
a la destrucción de empleos en el resto de la economía andaluza, no alcanza a
detener el crecimiento del paro. La evolución decreciente de la productividad
en el sector, que se separa de la de las áreas centrales, así como el
predominio de servicios “tradicionales” en contra de lo que sucede en el
centro, así como otros síntomas que van en la misma dirección (proliferación de
pequeños establecimientos en “hostelería”, mayor importancia de la venta
ambulante, etc), junto con la intensa “modernización” que ha experimentado una
parte de las actividades de servicios en Andalucía -nuevas formas comerciales y
de distribución, servicios a las empresas y otras expresiones del papel de los
servicios en el nuevo modelo productivo-, confirman la persistencia de un
sector dualizado que continúa en gran medida sirviendo como refugio de
capitales y mano de obra desocupados.
3)Las funciones de Andalucía en una economía globalizada.
Como se ha señalado anteriormente, cuando comenzó “la etapa
autonómica”, la situación desfavorable en la que se encontraban la economía y
la sociedad andaluza se relacionaban estrechamente con una división regional
del trabajo consolidada a lo largo de la historia, en la que Andalucía jugaba
un papel no sólo secundario, sino, sobre todo, subordinado a las necesidades de
los procesos de crecimiento y acumulación que tenían lugar en otras áreas. El
aparato productivo andaluz se orientaba y/o se reestructuraba desde esta
situación de dependencia, adaptándose a los requerimientos de procesos
económicos alejados de Andalucía. Esta particular situación acentuaba aún más
las expectativas generadas a finales de los 70 por la autonomía como forma de
romper los lazos que impedían el desarrollo. ¿Cómo se ha desenvuelto la
economía andaluza en relación con esta necesidad de salir de la dependencia?
¿En qué medida se han producido cambios que permitan afirmar que la autonomía
política instituida ha tenido su correlato en un cambio de rumbo en relación
con las tendencias que se arrastraban anteriormente? ¿Estamos, después de un
“despliegue autonómico” de casi 20 años, en mejores condiciones? ¿Ha cambiado
el papel que jugamos con respecto a etapas anteriores?
En el recorrido que hemos hecho hasta aquí, hemos tenido
ocasión de reponder en cierta medida a estos interrogantes. Pero para
centrarnos más en las funciones que hoy desempeña la economía andaluza en un
contexto de apertura creciente, en el que el rango de las actividades que
conforman la especialización productiva condiciona y explica, cada vez en mayor
medida, la dinámica interna, conviene detenernos en algunos aspectos.
La debilidad de la economía andaluza en la globalización se
traduce no sólo en su escasa cuota de participación en la economía española,
casi cuatro veces menor que la de Cataluña, el País Vasco y Madrid, sino
también en cuanto a su escaso grado de diversificación. En efecto, las
economías centrales son economías enormemente diversificadas en su
especialización productiva, de tal modo que la presencia de un cuerpo económico
de una alta densidad, con una trama de relaciones muy amplia, garantiza y
refuerza la coexistencia de elementos que propician para el crecimiento y la
acumulación, estimulando el papel de las llamadas externalidades. A su vez, la
diversidad es, en sí misma, un factor dinamizador de procesos con un alto grado
de autoalimentación.
Por el contrario, en Andalucía nos encontramos con una
fuerte polarización en torno a un núcleo de actividades muy estrecho, con un
alto grado de desarticulación con el resto de la economía, y cuyo peso se va
distanciando del resto en la medida en que el crecimiento se vincula,
básicamente, con las actividades reclamadas por su especialización. De modo
que, como ya se ha mostrado en otros trabajos, el crecimiento económico, en una
estructura económica como la andaluza, no surte los efectos de difusión y
refuerzo de la cohesión que pueden tener lugar en una economía integrada y
diversificada, sino que, por el contrario, contribuye a reproducir y ampliar
las condiciones de desarticulación y los desequilibrios de partida.
Mientras tanto, la debilidad del tejido empresarial andaluz
es un elemento especialmente negativo en un momento de mundialización de la
economía en el que predomina de manera creciente la producción y la
distribución a gran escala. Los altos costes de la investigación y el
desarrollo tecnológico, base de procesos de innovación imprescindibles para la
penetración, el mantenimiento y la expansión en los mercados, la importancia de
la capacidad de organización e integración de grandes redes empresariales,
y la concentración y el poder de las
grandes cadenas de distribución, son, entre otros, elementos que acrecientan
las ventajas de partida para los grandes grupos empresariales y los espacios
mejor dotados. Éste es el trasfondo sobre el que tienen lugar procesos de
crecimiento que terminan disminuyendo las capacidades competitivas de las
economías locales en áreas periféricas como Andalucía.
Pero con ser importantes estas cuestiones a las que hasta
ahora se ha hecho referencia, hay aspectos cualitativos que marcan de una
manera muy clara la diferente posición que ocupa Andalucía con respecto al
centro. La jerarquización de actividades en cuanto a su participación en la
producción equivalente del Estado, en Andalucía tiene mucha relación con la que
resulta para las áreas centrales, sólo que vuelta del revés. Es decir, que hay
una asimetría en la especialización, en las funciones que desempeñan las dos
áreas económicas consideradas, de modo que nos encontramos con la cara y la cruz
de la dinámica del sistema.
En las regiones centrales, continúan con gran peso las
actividades transformadoras. La envergadura de la industria en el centro no
permite hablar de una descentralización o una difusión espacial de la actividad
industrial, aunque efectivamente se hayan producido cambios en la distribución
territorial de la industria dentro de las áreas centrales, e incluso haya
tenido lugar una cierta periferización de ciertas actividades del sector
secundario hacia territorios próximos a las grandes áreas metropolitanas. Es el
caso de provincias cercanas a Madrid, como pueden ser Guadalajara, Ciudad Real
o Toledo. No obstante, la traslación de establecimientos industriales hacia
regiones periféricas como tendencia, tal como se produjo en los años 60, puede
decirse que se ha detenido en un modelo de localización en el que, de nuevo,
las economías de aglomeración vuelven a cobrar un fuerte protagonismo. A ello
hay que añadir la localización de las industrias llamadas de alta tecnología en
las áreas centrales. Aquellas actividades industriales que incorporan en mayor
medida investigación, innovación y conocimiento, el núcleo más dinámico del
sistema industrial, se sitúa, con un predominio muy claro, en las áreas
centrales. Se trata, en gran medida, de las actividades que condicionan la
forma y el ritmo del cambio en el resto de la economía.
También podemos destacar la importancia, en el centro, de
actividades de servicios como los Servicios a las empresas y Crédito y
seguros, dos actividades de muy poco
peso en la especialización andaluza y que constituyen pilares básicos en las
nuevas formas productivas del terciario. Transporte y comunicaciones y
Servicios comerciales, soporte fundamental de la producción y distribución a
gran escala, son también actividades con una fuerte implantación en estas
economías.
En definitiva, las regiones centrales constituyen economías
densas y diversificadas, en las que se sitúan no sólo las funciones de
producción, sino, sobre todo, las funciones estratégicas de circulación,
regulación y control del sistema.
Mientras tanto, la especialización productiva de Andalucía
se reduce a muy pocas actividades que giran alrededor de la explotación de los
recursos naturales -agricultura, pesca, industria agroalimentaria, y , en menor
medida, turismo-. Funciones subordinadas a la demanda de los grandes espacios
privilegiados de la globalización, las regiones ganadoras, a cuyas necesidades
se adapta la estructura productiva andaluza, a la vez que se aleja,
progresivamente, de las necesidades internas de bienes y servicios.
Este proceso selectivo es el que se ha seguido, no sólo en
la agricultura, donde la diversidad que exigía una mayor orientación hacia el
mercado interno ha ido dando paso a una cada vez mayor especialización hacia
cultivos para la exportación. Hortofrutícolas y aceite, principales epígrafes
exportadores en la balanza comercial andaluza, sobrepasan en la actualidad el
75% del valor de la producción final agraria andaluza. Mientras tanto, la
demanda interna está, cada vez en mayor medida, satisfecha desde el exterior,
incluyendo la de productos agrarios y agroalimentarios.
También la industria
agroalimentaria andaluza fue reduciendo la variedad sectorial de su oferta para
centrarse en aquellas producciones en las que tiene “ventajas comparativas” más
claras. Al mismo tiempo ha tenido lugar un proceso de penetración de capital
exterior en las empresas andaluzas mejor colocadas, que han pasado a ser piezas
de la estrategia de los grandes grupos empresariales que han resultado de los
procesos de concentración y reestructuración asociados a la
mundialización.
Desde el punto de vista del uso de los recursos, las
regiones que ganan, continentes de las grandes áreas metropolitanas que vienen
a ser los espacios privilegiados de la globalización, necesitan, para poder
funcionar, la importación de grandes cantidades de energía y materiales que
provienen de áreas como Andalucía, cuyo patrimonio natural se utiliza, de
manera creciente, para sostener el crecimiento y la acumulación de territorios
que importan su sostenibilidad de otros espacios.
De
modo que desde estas grandes áreas metropolitanas no sólo se controla la
gestión de los recursos propios; se gestionan también en gran medida los
recursos pertenecientes a espacios periféricos como Andalucía, donde se
”generan” costes y se producen daños y deterioros que no se contabilizan en la
balanza comercial. Por este camino, el crecimiento ha significado no sólo un
mayor debilitamiento de la base local, sino también un alejamiento de la
capacidad de decisión sobre la intensidad y las formas de utilización de un
patrimonio natural que se deteriora en beneficio de otros.
d) ¿Una estrategia pública para la economía andaluza?
Por su carácter crónico y su naturaleza estructural, la superación
de estos problemas requiere concebir un conjunto de actuaciones coordinadas,
desde el que se replantee el propio funcionamiento de la totalidad. De modo
que, frente a la puesta en marcha de intervenciones singulares, se hace
necesario diseñar una estrategia, un planteamiento global, estructurado, que
integre los programas, las actuaciones y los proyectos concretos con el fin de
alcanzar los objetivos propuestos.
En este sentido, el primer gobierno autonómico de Andalucía
proclamaba la necesidad que tiene la
realidad andaluza de “un conjunto de
actuaciones de política económica coherentes entre sí, para lo cual la
planificación aparece como el mecanismo adecuado” (Ley del Plan Económico
para Andalucía (PEA)1984-86). Comienza así un proceso de elaboración con Planes
para abordar problemas que por su naturaleza “sólo pueden ser afrontados con una perspectiva a largo plazo en la que
la planificación se reconoce como el instrumento más eficaz, siendo los
distintos Planes secuencias de una misma tarea” (Plan Andaluz de Desarrollo
Económico (PADE) 1987-90).
La planificación, por tanto, va a suponer, a través de los
diferentes Planes elaborados, tres hasta 1994, la concreción, tanto de la
visión que desde el gobierno andaluz se tiene de los problemas que afectan a la
economía andaluza, como de las soluciones propuestas para abordarlos. En
principio, se podría suponer, por tanto,
que éste es el soporte de una estrategia -término ampliamente utilizado
en los Planes-, diseñada para conseguir determinados objetivos. Pero para que
una estrategia pueda ser considerada como tal, se requieren ciertos requisitos
mínimos, sin los cuales las actuaciones podrían quedar reducidas a una mera
agregación de programas, cuyos resultados pueden distar de los objetivos propuestos,
o incluso ir en contra de su consecución.
Un primer requisito ha quedado recogido en el párrafo del
PADE que acaba de citarse y se refiere a la dimensión temporal de la
planificación. Las dificultades y resistencias para vencer los obstáculos al
desarrollo exigen un horizonte temporal de largo plazo y a la vez una
permanencia en las líneas que definen la propia estrategia. No sería lógico que
las metas, los objetivos y los instrumentos estuvieran continuamente en danza,
modificándose de un Plan a otro. El carácter secular y la profundidad de los
problemas y la envergadura que se requiere para su abordaje, justifican una
persistencia y cierta estabilidad y firmeza en el mantenimiento del rumbo, es
decir, de la estrategia.
Otra condición igualmente razonable viene a ser la de la
coherencia a la que se apela en las líneas del PEA que se transcribíeron más
arriba. Una coherencia que cabe interpretar en un doble sentido. Interna, de
modo que dentro de cada Plan, los instrumentos que se proponen guarden adecuación
con los objetivos planteados, por una parte, y, por otra, que se mantenga la
necesaria correspondencia entre el diagnóstico y los instrumentos. El otro tipo
de coherencia tiene relación con la dimensión temporal, que ya se ha señalado,
y hace referencia al contenido de los diferentes Planes entre sí, que debe
guardar una concordancia, sin que en principio parezcan justificables cambios
bruscos ni virajes con respecto al norte señalado, o alteraciones de
importancia en los caminos o la dirección a seguir. Como tampoco parecería muy
consecuente que los diagnósticos sobre la situación fueran esencialmente
distintos en sus planteamientos de unos Planes a otros.
¿Ha existido una estrategia, en el sentido que acaba de
definirse, desde el gobierno autonómico de la Junta de Andalucía, para intentar
superar los problemas que la economía andaluza tiene planteados?
Detengámosnos en el análisis del contenido de los tres
Planes elaborados hasta ahora, en relación con los requisitos o condiciones que
acaban de mencionarse.
1)El Plan económico para Andalucía. 1984-1986. (PEA).
Con las reivindicaciones de la autonomía resonando todavía
con fuerza y ante la situación de debilidad de la Junta como como poder
instituido, el Plan Económico, que se va a plantear como un instrumento básico
para resolver los graves problemas que la sociedad andaluza tenía pendientes,
contribuía, junto con otros elementos, símbolos y gestos utilizados, a
justificar y legitimar al propio gobierno del que emanaba.
En este sentido, hay que tener en cuenta también que con el
ocaso del poder fundado en la posesión de la tierra, y el correspondiente
declinar de la burguesía agraria, y ante la falta de un bloque hegemónico, de una fuerza social capaz de elaborar,
imponer y mantener su proyecto como
el de toda la sociedad andaluza en su
conjunto, la Confederación de Empresarios Andaluces, y las organizaciones
sindicales “mayoritarias”, compartían con el Gobierno andaluz tanto la
conveniencia de un discurso “integrador”, como el interés por la justificación de su carácter
“representativo” como “interlocutores válidos”.
El Plan andaluz 84-86, en el que, según reza en la
presentación, los objetivos y estrategia se sitúan en el contexto de la
política económica estatal, “a cuyos
objetivos básicos se adaptan todas las políticas económicas incluidas en este
documento”, comienza con una aproximación a la situación económica y social
de Andalucía. Un diagnóstico en el que se describe un conjunto de cifras que se
comparan sistemáticamente con los datos correspondientes a la economía
española, con la pretensión de establecer los “diferenciales” de desarrollo. Ronda por toda esta primera parte la
idea de agravio y de derecho a la igualdad, tan presente en la reivindicación
de autogobierno de tiempos que
estaban todavía próximos.
En consonancia con este tipo de diagnóstico, puramente
descriptivo de las diferencias entre indicadores con respecto al modelo de
referencia, en el que no se entra en el análisis de las causas, ni del proceso
histórico en el que éstas se generan,
se plantean como objetivos finales “la
reducción del paro y la elevación de la tasa de actividad” (“la tasa de paro andaluza debe aproximarse a
la correspondiente a la economía nacional”), el incremento del peso relativo
de la industria y “un acercamiento de los
niveles de equipamiento colectivo a los correspondientes al conjunto nacional”
(p.85), y, como paso previo para conseguir estos objetivos finales, como
objetivo intermedio “la obtención de un
ritmo de crecimiento económico por encima del correspondiente a la economía
española”(p.86). Nos encontramos, en principio, ante la elección de un tipo
de estrategia para el desarrollo de Andalucía. Profundizemos algo más en el
análisis.
En primer lugar, la definición se ha hecho en negativo, es
decir, más por dejación de otros, en este caso el Estado, que por
convencimiento propio, si bien es cierto que este planteamiento del desarrollo
endógeno está muy en la onda con un análisis del subdesarrollo andaluz, que
encuentra en la dependencia una de las claves para su interpretación y por
tanto enfatiza la necesidad de transformaciones que impliquen una movilización
desde dentro. La reivindicación del autogobierno y las demandas sociales y
políticas de finales de los 70 y principios de los 80 ponen de manifiesto que
este es un enfoque explícita o implícitamente aceptado. En este sentido, puede
decirse que hay una coincidencia entre este discurso del Plan y el que se
quiere oir.
Pero esta declaración sobre el tipo de desarrollo por el que
se aboga debe tener una coherencia en otros niveles de definición del Plan.
Sobre todo, la debe tener a nivel sectorial. Y ahí nos encontramos con que,
como estrategia en cuanto a política sectorial, nada más terminar de describir
lo que se entiende por desarrollo del potencial endógeno, se propone “un mayor desarrollo de los sectores en los
que Andalucía tiene claras ventajas comparativas, como son el subsector
agrario, las industrias de transformación agraria, el turismo, y la pesca”
(p.90)
El crecimiento, objetivo intermedio del Plan, centrado en
los sectores en los que Andalucía tiene ventajas comparativas, viene a
profundizar en el modelo que históricamente ha conocido la economía andaluza, y
sus resultados son la más clara y evidente expresión de lo que cabría esperar
de él. Supone potenciar expresamente los sectores que polarizan la actividad
económica en Andalucía, con lo cual se reproducen y se amplían la
desarticulación y los desequilibrios sectoriales en un proceso alimentado desde
la propia política económica. Hasta tal punto, que en el 2º Plan, el Plan
Andaluz de Desarrollo Económico, 1987-1990, se llega a decir que la
especialización de la economía andaluza en los sectores para los que se tiene
ventajas comparativas “es perjudicial
para Andalucía” (p.108).
Es posible que esta priorización sectorial que procura más
de lo mismo, venga condicionada por un acontecimiento político: el anuncio, al
parecer un tanto inesperado, de que el Gobierno andaluz iba a abordar una de
las cuestiones símbólicamente de mayores resonancias en Andalucía: la Reforma
Agraria. Una Reforma que luego se definiría en términos que suponían insistir
en una modernización que hacía décadas que la agricultura andaluza había
emprendido por sí sola, y que iba a
terminar quedándose en gran medida en el discurso, es decir, vacía de
contenido, si nos atenemos a su incidencia real en la dinámica de la propia
agricultura, pero que fue ampliamente utilizada para alimentar la imagen de que
por fin se emprendía el camino para superar una cuestión de tan hondas
connotaciones en la experiencia colectiva en la historia de Andalucía.
Pero volviendo sobre la coherencia en los argumentos
contenidos en el Plan, el planteamiento del potencial endógeno es
contradictorio e incluso contrario a poner el énfasis en las ventajas
comparativas tradicionales. Se trata en éste, que entonces resultaba nuevo
enfoque, en contra de la teoría neoclásica, de hacer hincapié en ventajas que
se relacionan con características socioculturales y de comportamiento de la
población local asociadas a los procesos de desarrollo.
A pesar de que esta profundización en la especialización
productiva tradicional en torno a la agricultura va a terminar prevaleciendo
como tendencia y será uno de los rasgos que más claramente definen la evolución
de la economía andaluza en las últimas décadas, la opción del desarrollo
endógeno tiene sobre el papel su traducción, básicamente, en el programa de
ordenación del territorio y el diseño de la red de infraestructuras viarias y
en la política de fomento empresarial a través de la creación en 1984 del
Instituto de Promoción Industrial (IPIA). Incluso, si nos guiamos por el papel
que se asigna al Sector Público, podríamos decir que se adoptan posiciones
próximas a lo que desde la teoría de la dependencia se denominó desarrollo
autocentrado.
En efecto, en el apartado dedicado a definir “El
Sector Empresarial Público”, se justifica la necesidad de intervención
directa en el terreno productivo por parte del Sector Público, ya que “la iniciativa privada en Andalucía no ha
sido capaz, por muchas razones, de impulsar un desarrollo que acabase con la
pobreza y postración andaluzas. La dinámica del subdesarrollo -se continúa
diciendo- hace todavía más difícil que
pueda asumir ese papel, porque siempre se encontrará en situación desigual, en
términos de acceso a financiación, etc... con respecto a colectivos
empresariales de otras zonas del Estado o del extranjero. Por estas razones, en
una estrategia de desarrollo para Andalucía, el Sector Público tiene que asumir
un papel muy importante, tanto para apoyar y dinamizar la iniciativa privada
como para llevar a cabo actuaciones de promoción directa”... “la Comunidad Autónoma necesita disponer de
un Sector Público con el que actuar de forma beligerante” (p.199); y se
comprometía la participación directa del Sector Público en el terreno
productivo, dado que “las facultades que
el Estatuto de Autonomía confiere a la Junta para crear empresas públicas son
muy amplias”. Retengamos, por el momento, esta firme intención
intervenionista que se manifiesta en el Plan 84-86.
En 1987, consolidadas las posiciones en el poder,
fortalecida y revalidada la legitimación y desactivadas ciertas
reivindicaciones, se hacía innecesario, e incluso podía ser contraproducente,
mantener un discurso protagonizado, en el ámbito de lo económico, por el
desarrollo endógeno, en un contexto en el que se asistía a una reducción
creciente de la endogeneidad decisoria. Por otra parte, los planteamientos del
primer Plan casaban bien con un momento de recesión, de distensión de los lazos
que definen la articulación de la economía andaluza con el exterior.
Interrumpidas o ralentizadas las correas de trasmisión del crecimiento, se
internalizan la responsabilidad y los costes de la atonía, y también de una
posible dinamización.
2) El Plan Andaluz de Desarrollo Económico. 1987-1990
(PADE).
En la introducción de este PADE 87-90 se hace hincapié en la
necesidad de que los diferentes Planes formen parte de una misma estrategia,
con una perspectiva temporal mantenida que permita abordar los problemas
estructurales de la economía andaluza. Esta imprescindible continuidad parece
que exigiría, entre otras cosas, comenzar cada Plan con un balance sobre los
resultados conseguidos en el anterior. Así se reconoce en el PADE 87-90, donde
puede leerse que “la elaboración de un
Plan ha de partir del juicio crítico que merezca la ejecución del anterior”
(p.288).
Después de este
reconocimiento expreso, puede sorprender que el primer capítulo del PADE
verse sobre el “Análisis general y comparado de la economía andaluza”, sin
ningún juicio crítico sobre la ejecución del Plan anterior. Aunque, de este
modo, se evita entrar en la evaluación de hasta qué punto se cumplieron los
objetivos y se instrumentaron los medios para conseguirlos. A lo largo del PADE
no se hace referencia al contenido del PEA, ni, por tanto, al grado de
cumplimiento de los compromisos adquiridos en él. Aunque en el nuevo Plan se
afirma que la presentación que se hace de la situación de la economía andaluza
no es sustancialmente distinta de la que se hizo en el PEA 84-86, pueden
encontrarse aquí elementos que no figuraban en el Plan anterior y que modifican
de manera importante el diagnóstico, cambiando la estructura lógica de la que
deben deducirse las propuestas de actuaciones. En este sentido, dentro del
análisis de los principales problemas, se dedica un apartado a la débil
estructura empresarial, identificándose esta debilidad como un factor clave,
condicionante a su vez de la ausencia de un tejido industrial denso, fuerte e
integrado, que pueda generar valor
añadido -riqueza- y dar lugar a un círculo virtuoso semejante al que tiene
lugar en las economías desarrolladas.
En la misma línea, a lo largo del PADE se señala
insistentemente como factor clave entre los obstáculos al desarrollo la falta
de reinserción en el circuito económico de Andalucía de una parte del excedente
que en ella se genera, obstáculo que provoca, entre otras cosas, que los
efectos difusores del crecimiento no tengan lugar aquí. Por eso, cuando se hace
referencia a la necesidad de conseguir como objetivo el incremento de la renta
y una mayor integración del sistema productivo, ahora se señala que “no basta con aumentar el valor añadido
generado por la economía andaluza: es necesario que ese valor añadido se
retenga en Andalucía” (p.104). Este planteamiento lleva a la desaparición
del crecimiento económico como objetivo explícito del PADE.
Del análisis que se hace a lo largo del PADE de la situación
económica de Andalucía puede deducirse claramente que en la identificación de
las causas de esta situación ocupan un lugar central un conjunto de factores
histórico-estructurales que han definido un modo de articularse con el exterior
que los mecanismos del mercado han ido reforzando de manera progresiva. De modo
que la superación de este modelo de extraversión se contempla en el Plan como
imprescindible para la consecución de los otros dos objetivos (creación de
empleo y mejora de la calidad de vida) y, por tanto, se sobreentiende que
debería convertirse en el nudo gordiano de una posible estrategia de desarrollo
para Andalucía.
Pues bien, lo lógico desde el análisis realizado en el PADE,
con independencia ahora de que se esté o no de acuerdo con él, parecería diseñar un conjunto de actuaciones
encaminadas a potenciar un modelo de acumulación cualitativamente distinto, un
modelo que permita integrar en el circuito económico interno un conjunto de
elementos para favorecer la autoalimentación del mismo,al propio tiempo que se
internaliza el control de la economía.
Sin embargo, de repente nos encontramos con que se le da al
problema otra solución bien distinta a la que se deriva del propio análisis de
los problemas, dado que “estos problemas son
difícilmente abordables en una economía de mercado en la que además soplan
vientos de “desregulación”. En este contexto, y puesto que en Andalucía es aún
tarea prioritaria sentar las bases físicas del desarrollo, se considera
necesario realizar un notable esfuerzo en la creación de infraestructura
durante los próximos años. Este es, por lo demás, el instrumento más potente y
más conveniente en este momento que puede utilizar el ejecutivo Andaluz para
actuar sobre todos estos problemas”(p.104).
Utilizar como instrumento más potente para superar los
obstáculos que la economía andaluza tenía planteados la inversión en
infraestructura, sólo hubiera podido justificarse si la causa de ese modelo de
acumulación, localizado en el PADE como núcleo principal de los problemas,
estuviera en la falta de infraestructura; si el elemento que encontráramos en
la raiz, en el origen de la situación, fuera la falta de vertebración provocada
por la escasez de vías de articulación. Pero en el diagnóstico del PADE se dice
justamente lo contrario. La razón de la desarticulación hacia adentro es la
forma de inserción con y en el exterior, de tal manera que de este particular
modo de estructurarse la economía andaluza hacia fuera ha resultado una red de
comunicaciones “concebida principalmente para servir de enlace con el exterior”
(PADE p.35).
Podríamos plantear aquí, a propósito de la solución
propuesta, hasta qué punto en una economía como la andaluza, sin un proceso
paralelo de transformación en la forma en que se estructura, lo cual significa
cambios profundos en la forma en que se produce y se distribuye la riqueza, a
quién beneficia mejorar las condiciones
de acceso ¿no será a quien en mejor disposición esté para aprovecharlas, que no
es precisamente el raquítico empresariado andaluz? Porque por esta vía
podríamos llegar a la conclusión de que lo que en otro contexto podría ser un
elemento liberador y potenciador de una economía, se puede convertir en
economías como la andaluza, si a la vez continúa el proceso de deterioro del
tejido empresarial, en un elemento alimentador de dicho proceso. Tal vez sean
estas razones las que lleven al elaborador del PADE a decir que : “la oferta de infraestructura adecuada es
condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo regional (hay
ejemplos ya tópicos sobre los efectos negativos de tales políticas)”
(p.104).
Más aún, nos podríamos preguntar qué ocurriría si, encima,
la infraestructura que se dota insistiera en un diseño que se ha considerado
“inadecuado” desde el propio Plan. Porque, tanto en este Plan como en el PEA
84-87, se llega a la conclusión de que insistir en el modelo viario anterior,
concebido para atender necesidades ajenas y que descuida la vertebración
interna para facilitar la conexión con el exterior, significa profundizar la
desarticulación y en definitiva reforzar la dependencia. De acuerdo con este
planteamiento, según los Planes de infraestructura regionales elaborados antes
de 1987 desde la Junta de Andalucía, la red viaria andaluza debía modificar su
norte, cambiar su epicentro, atendiendo prioritariamente a las necesidades que
demandaba la articulación y la vertebración interior.
La segunda mitad de la década de los 80 supuso, en la
práctica, un cambio de rumbo con respecto a estos planteamientos. El Programa de
carreteras de la Junta de Andalucía, abandonando las prioridades establecidas
en el Avance del Plan Viario de 1984, desde 1987 se centró, básicamente, en un
sólo proyecto: la Autovía del 92, que absorbió aproximadamente el 50% del total
de recursos entre 1987 y 1990. Se trazaba un pasillo o corredor, la A-92,
perteneciente a un modelo de ordenación del territorio distinto al concebido en
la etapa anterior, que respondía más a un esquema territorial estatal y
europeo. Un complemento de las de Madrid a Sevilla, A-92 a Málaga, o Autovía
del Mediterráneo hasta Almería,
itinerarios fundamentales para conectar los principales polos de
crecimiento y acumulación regional con el exterior.
Se profundizaba así un modelo que en los dos Planes se había
identificado como reproductor y alimentador de la polarización, la
desarticulación y los desequilibrios
territoriales, desde una “centralidad” de la infraestrura, que, cambiando la
orientación que se consideraba adecuada, se convierte, además, en foco de
atención prioritario de la Junta. Resulta difícil de entender la falta de
correspondencia entre diagnóstico e instrumentos en el PADE, la inadecuación
entre la naturaleza de la enfermedad detectada y la terapia que se recomienda
para combatirla, a no ser que esta “centralidad” de la infraestuctura estuviera
ya “comprometida” de antemano y por encima de la elaboración del Plan.
En este momento, en el que la construcción del Mercado Único
y la consiguiente eliminación de barreras para facilitar su creación están en
el centro de preocupación de las políticas de la CEE, las infraestructuras
viarias constituyen el núcleo prioritario de las estrategias de desarrollo
regional que emanan de Bruselas, como lo es para el gobierno español, que
señala como primera línea de actuación dentro de la estrategia para Andalucía “el papel de las infraestructuras técnicas y
equipamientos de base que faciliten las comunicaciones con el centro y norte de
la península, pero también que conecten la región de Andalucía con el eje
Mediterráneo a través de Murcia y permitan la articulación de la región
andaluza en el sentido Este-Oeste”.
Esta estrategia sintoniza bien con el reparto de papeles que
se hace en el Plan y que también supone un cambio importante en relación con el
definido en el Plan anterior. El Sector Público se retira de la arena en la que
antes se pensaba, de un modo firme y rotundo, que necesariamente debía
intervenir directamente para suplir las deficiencias y debilidades de la
iniciativa privada, y pasa a desempeñar una función de “apoyo y fomento”, más
adelante veremos a quién. En cambio, ese sector privado, sobre el que no sólo se comparte con el PEA
84-86 la preocupación por su debilidad, sino que ésta se asocia a las
dificultades que, como resultado de un largo proceso histórico, tiene para
competir frente a otros, ahora tendrá que asumir el protagonismo exclusivo en
la lidia. De modo que, a continuación de varios párrafos en los que se insiste
en las importantes limitaciones del empresariado andaluz y en los efectos
perniciosos del control exterior, se
concluye que “en definitiva será el
sector privado el que habrá de jugar un papel decisivo. El empresariado andaluz
va a tener una oportunidad inmejorable de mostrar su capacidad real de
actuación” (p.106).
Con independencia de la experiencia histórica, parece poco
congruente que, después de señalar el control empresarial externo y el bloqueo
empresarial en que se encuentra la pequeña y mediana empresa andaluza, por su
situación de desventaja en los mercados, como factores claves para explicar la
situación actual, se proponga como remedio dejar a la interperie al débil
tejido empresarial andaluz como algo “estimulante”. En el marco de la
globalización y el Mercado Único, extremadas las condiciones de la competencia,
con grandes conglomerados empresariales modulando y controlando en gran medida
los procesos de crecimiento y acumulación, estaríamos en el “más difícil
todavía”.
La política de promoción industrial se distribuye entre el
Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la Dirección General de Industria y la
Dirección General de Cooperación Económica. Centrando la atención en los
Incentivos Regionales, “principal
instrumento legal que canaliza las ayudas a la inversión empresarial”
(Consejería de Economía y Hacienda, 1990), su distribución para el período
1988-90 muestra una fuerte desigualdad, de tal modo que las 30 mayores
subvenciones, de las más de 800 que se conceden, suponen el 55% del total
subvencionado.
En este segundo Plan puede decirse que estamos ante un Plan
mixto o, como veremos, de transición,
que, después de un diagnóstico, diferente al que se presentaba en el PEA
84-87, con el que sería más congruente una estrategia de desarrollo endógeno
próxima a la que se proponía en el Plan anterior, se apunta en gran medida
hacia el desarrollo exógeno, modelo que va a cobrar mayor importancia en el
Plan siguiente.
3) El Plan Andaluz de Desarrollo Económico. 1991-1994.
En el PADE 91-94 vuelve a echarse en falta un balance sobre los
resultados de los planes anteriores; no hay ninguna evaluación de la medida en
que se utilizaron los instrumentos y su contribución a la consecución de los
objetivos fijados, o hasta dónde llegó el grado de realización de lo
comprometido. Hay, eso sí, un capítulo sobre la planificación económica en
Andalucía para justificar la necesidad de utilizar la planificación como
instrumento, sin una base argumental fundada en un análisis de la contribución
de los planes precedentes a la superación de los problemas estructurales que la
economía andaluza viene padeciendo.
La “modernización”, como referente, ocupa en este Plan un primer plano,
situándose a lo largo del mismo como uno de los aspectos centrales del
discurso. Ésta es una invocación que expresa, ahora en otros términos, una
aspiración paralela a la que se traducía en el PADE 84-87 en la pretensión de
acortar los llamados “diferenciales” de desarrollo. Se trata, en versión más
moderna, de trasplantar a una realidad como la andaluza los elementos, rasgos o
aspectos que caracteriza a las economías desarrolladas, reproduciendo en ella
ciertas formas tecnológicas y de organización que se están imponiendo en las
sociedades que son percibidas como modelo de modernidad. De modo que éste es un
ímpetu modernizador que tiene como referente básico el nuevo modelo de
desarrollo capitalista que se ha definido en el centro del sistema como
respuesta a la crisis del fordismo.
Esta visión, desde la que se hace uso con frecuencia de
términos como “menor desarrollo relativo” para aludir a la situación de
sociedades y economías periféricas, presupone que el “atraso” en esa senda
única hacia el desarrollo es consecuecia de la falta en dichas sociedes de una
serie de ingredientes o factores, ante cuya ausencia es necesario “establecer
las condiciones” que procuren su llegada. En lo fundamental, por tanto, se
trata de salvar una distancia, y en este sentido, el crecimiento, abandonado
como objetivo en el Plan anterior, vuelve
a ser actor principal en el escenario que se define en éste.
Para conseguir la modernización en el sistema productivo, “dirigida a que la economía y la sociedad
andaluza se adapten a las actuales exigencias de competitividad que requiere la
creciente apertura de los mercados”(p.19), el Sector Público andaluz
asumirá las funciones “tal como se
entiende hoy el papel que deben representar los poderes regionales en el desarrollo económico” (p.27),o,
dicho de otra forma, tal como ha sido definido en los espacios que se tienen
como modelo de referencia. En el ámbito económico, el sector público andaluz
asumirá el papel de prestador de servicios, como infraestructuras, formación de
recursos humanos, apoyo a las nuevas tecnologías y otros incentivos,
encaminados a “impulsar las
potencialidades de los factores de competitividad regional” (p.26). En el
propio Plan se reconocen las limitaciones de este tipo de actuaciones, en un
cotexto en el que “se estrechan los
márgenes de maniobra en materia de política económica”(p.18).
Recordemos que en el PEA 84-87 se afirmaba rotundamente que
la iniciativa privada en Andalucia no sería capaz de superar una situación que
se calificaba de subdesarrollo (aunque, según el nuevo Plan, ésta es una
expresión que se había venido utilizando “quizá
exageradamente” p.67). En el PEA 84-87 se llegaba incluso a expresar la
idea de que esa situación, dejada al
libre juego de las fuerzas del mercado, se autoalimentaba.
Desde esta lógica, en un contexto de apertura, eliminación
de barreras y un mayor protagonismo del mercado, en el que los más débiles
quedan aún más desprotegidos, el nuevo papel del Sector Público, que no sólo no
contraría las leyes del mercado, sino que las refuerza facilitando las
condiciones a quienes estén en mejores condiciones de aprovecharlas, mediante
el apoyo y sostén a situaciones mercantiles eficaces, supone de hecho la
renuncia a las transformaciones estructurales que se habían venido considerando
como necesarias, tal vez en la confianza de que éstas puedan llegar traidas
directamente por la mano invisible. En este sentido puede leerse en el Plan que
“la mayor liberación, la
eliminación de obstáculos a la
competencia interna y la creciente competitividad entre los diversos espacios
económicos para obtener ganancias potenciales puede suponer para Andalucía una
mayor posibilidad para desarrollar sus ventajas potenciales con respecto a
otros espacios” (p.95)
En el diagnóstico sobre la economía andaluza que se hace en
el capítulo 3, no es extraño que, tratándose, como se vio, de un problema de
acortar distancias, se vuelva ahora a otorgar un especial protagonismo al
crecimiento para valorar la dinámica económica en el período 85-90, de modo que
la mejora en los resultados coyunturales de algunos indicadores, que luego se
han derrumbado de nuevo en la etapa de vigencia de este Plan, sirve para
construir una imagen positiva y optimista sobre la evolución de los problemas
que la economía andaluza tiene planteados.
Desde la ignorancia del análisis de la situación que se hizo
en el PADE 87-90, y sin que ésta sea sustancialmente distinta, ahora se elabora
un diagnóstico de otro tenor, por tercera vez distinto, en este tercer Plan.
Desaparecen de la escena los que en el anterior Plan aparecían como los
artífices de la situación económica de Andalucía, es decir la extraversión, el
control empresarial exterior o el bloqueo empresarial resultante de las
condiciones en que históricamente se había desenvuelto la competencia para el
tejido allí denominado “autóctono”, término éste que también desaparece en este
Plan.
Por otra parte, en relación con la estructura productiva se
insiste en la descripción de características ya conocidas, orillándose
cuestiones cuyo conocimiento debía ser básico, dada la preocupación central por
mejorar la competitividad, como: ¿cuáles son las funciones que nuestra
estructura productiva cumple en ese nuevo orden económico que se está
generando?; ¿cómo han evolucionado estas funciones en los últimos años? ¿cuáles
son el estado y las tendencias de la capacidad competitiva en las distintas
actividades y sectores ?, ¿está la estructura productiva andaluza más fuerte y
en mejores condiciones para competir en condiciones de igualdad que en períodos
anteriores?. Y sobre todo, ¿cuáles son las razones que hay detrás de las
respuestas que puedan tener estas interrogantes?.
Porque mientras más se aleje el diagnóstico de un análisis
que permita identificar las raices de los problemas, mayores son las
posibilidades de dejarse arrastrar por voluntarismos sin fundamento que lleven
a hacer propuestas inviables. En este sentido, se derraman por el Plan
posibilidades, expectativas, oportunidades, potencialidades, impulsos, tal vez
bajo los efectos de la euforia de la reciente etapa alcista por la que acaba de
pasar la economía andaluza, que lleva a suponer que se están produciendo algunos
cambios en la misma, como “la aparición
-en el sector industrial- de ciertos
complejos emergentes para los que Andalucía representa algunas ventajas
comparativas” (p.95) sin que en el diagnóstico se haya desvelado cuál es la
naturaleza del crecimiento y sobre todo hasta qué punto las características y
el modelo al que se ajustaba era semejante al que se había conocido en otros
períodos.
Períodos recientes en los que la economía andaluza había
crecido, en una etapa doble en duración,
por encima de lo que lo ha hecho en la segunda mitad de los 80, siendo
el sector industrial también el que, como en esta ocasión, se convirtió en el “protagonista más significativo del
crecimiento de la economía andaluza” (p.83), con una intensidad que estuvo
entonces incluso por encima de la que ahora se había conocido. Pero la historia
se repetía también en cuanto a la naturaleza del crecimiento y al modelo que lo
regía, como se puede deducir de algunos de los Informes de Coyuntura publicados
en aquellos años por la Junta de Andalucía (especialmente los números 2 y 3 de
1989) y en trabajos posteriores.
En cuanto a los objetivos, los que se consideran en el PADE
91-94 no coinciden con los planteados en Planes anteriores. Las diferencias más
importantes serían, la no consideración ni de la creación de empleo, ni de la
reducción del paro entre las metas y/o los objetivos. La disminución del paro,
que fué primer objetivo en el PEA 1984-87 y la creación de empleo, que es una
forma menos comprometida en su planteamiento, expresado así como primer
objetivo del PADE 87-90, no aparecen ahora en el PADE 91-94 ni entre las dos
metas, ni entre los 15 objetivos que
figuran en el Plan. Sorprende esta ausencia en un contexto en el que el paro no
había dejado de crecer.
Ni siquiera parece justificable la exclusión del empleo
entre los objetivos, si lo que se esperaba era que el crecimiento pudiera
solucionar el que se viene considerando, con un amplio consenso al respecto,
como el principal problema de la sociedad y la economía andaluza. En primer
lugar, porque en otras épocas de fuerte crecimiento no se había resuelto de por
sí el problema, sino todo lo contrario.Y por otra parte, porque el crecimiento
de la productividad en la economía andaluza viene produciendo una disminución
en la ya escasa capacidad de ésta para generar empleo, acentuada en la década
de los 80, que lleva a que cada vez se pueda confiar menos en el crecimiento
como mecanismo generador de empleo. A esta disminución de la capacidad para
generar empleo de la economía andaluza tampoco se hizo referencia en el
diagnóstico del PADE 91-94.
También hay que señalar, como diferencia en relación con lo
anterior, la reaparición en el PADE 91-94 del crecimiento como primera meta a
alcanzar, aunque esta vez se acompaña de dos adjetivos: sostenible y
equilibrado. En la justificación del crecimiento, que había desaparecido como
objetivo del Plan anterior, se afirma que “el
acercamiento a los niveles de desarrollo logrados en nuestros paises de
referencia pasa por alcanzar unas tasas de crecimiento económico relativamente
elevadas, manteniendo en lo posible el diferencial de crecimiento habido en
años anteriores con respecto a las áreas de nuestro entorno” (p.101)
No obstante, y a pesar de que la escasez de medios y la
disminución de la capacidad de maniobra y de incidencia en la realidad, a la
que se hacía referencia en los primeros capítulos del Plan, parecían aconsejar
ser muy selectivos en la elección de
los fines, siendo, por esencia, la planificación un proceso asociado a la priorización
y la selección como elementos definitorios, en el PADE 91-94 se fija una más
amplia gama de objetivos que la que se elige en Planes anteriores. Esta
abundancia en los fines, que en principio proporciona una mayor consistencia y
solidez al Plan sobre el papel, diluiría, en buena lógica, las repercusiones,
que ya de por sí se han supuesto limitadas, de los medios que se proponen.
Cambios en los objetivos y también en las propuestas. En
este sentido, en relación con la política de sectores, a la que se dedica el
capítulo 5, el Plan elaborado para el período 91-94 “apuesta por situar a
Andalucía en la futura división internacional del trabajo como un espacio
económico capaz de producir bienes manufacturados competitivos, y se opta por
una economía industrial” (p.128), tratándose de ”perseguir una diversificación basada en una estrategia de desarrollo
exógeno” concentrada en la atracción de empresas y, a la vez, como
actuación complementaria, “la
preservación de las ventajas competitivas de los sectores en los que el grado
de especialización de Andalucía es mayor”.
Según se dice en el Plan, la diversificación de la industria
necesita la identificación de las agrupaciones en las que ésta “es
realmente posible”. Y utilizando como criterio el de las expectativas de
evolución de los mercados, se supone
que la diversificación será “realmente posible” si se opta por las actividades
cuyos mercados se encuentran en expansión. Estas serán las actividades “en las que Andalucía tiene mayores
oportunidades de mejorar posiciones relativas dentro del contexto nacional, y,
con esto, lograr mayores niveles relativos de industrialización”. Aunque “son precisamennte aquellas en las que
Andalucía cuenta con menores ventajas competitivas”. Por esta razón, “la estrategia se tiene que concentrar
básicamente en la atracción de empresas que ya cuentan con estas ventajas y
tienen superadas e imponen fuertes barreras de entrada”(p.129).
Se presume que, en principio, desde esta opción, elegida a
partir de un razonamiento en abstracto, que podría haberse hecho en cualquier
otro espacio, y, compitiendo con otras regiones (p.133), puede conseguirse que
sea aquí donde se localice un conjunto de grandes empresas alrededor de las
cuales se nuclee un denso y dinámico tejido empresarial. Sin entrar en la
distancia entre este diseño y la realidad industrial andaluza en los cuatro
años de vigencia del Plan, 1991-94, el caso es que el desarrollo exógeno
adquiere, explícitamente, en el PADE 91-94, un papel preponderante, y en este
sentido nos encontramos en las antípodas de los Planes anteriores. No sólo del
PEA 84-86, en el que, como se vio, se subrayaba la necesidad de una estrategia
de desarrollo endógeno, sino también del PADE 87-90, que señalaba el control
exterior como un obstáculo clave para explicar la situación actual de la economía andaluza.
4) Consideraciones finales sobre la planificación
económica
La realidad económica y social de Andalucía ha discurrido
por derroteros muy distintos a los pretendidos en los Planes. De modo que
objetivos que se han propuesto en los mismos con insistencia han quedado lejos
de ser alcanzados. Por citar algún caso concreto, la distancia entre el mayor
equilibrio territorial en el interior de Andalucía, que se proponían conseguir
los Planes, y lo sucedido en el medio rural andaluz puede resultar ilustrativo
como ejemplo. En este sentido, en uno de los Planes se llegaba a decir: “es posible orientar la ubicación de algunas
actividades hacia las zonas de baja actividad industrial”. Esta posibilidad
ha quedado muy lejos de la realidad. En éste, como en otros casos, el recorrido
ha sido en dirección contraria.
En el camino que se ha seguido hasta aquí, sin entrar en
otras cuestiones que podrían desviar nuestra atención del objetivo propuesto
(correspondencia entre el contenido de los Planes y los programas de inversión
realizados, o la selección de inversiones),
se ha tenido ocasión de constatar la abundacia de contradicciones, en
medio de repentinos cambios y bruscos virajes a la hora de definir una política
económica en la que aparecen instrumentos que, en lugar de estar en
corcondancia con unos determinados objetivos, parecen decididos con
independencia del análisis que se hace de la realidad económica de Andalucía y
de los fines que se dice perseguir.
La especificidad de la cultura de un pueblo implica y se
refiere también a las formas, valores, actitudes, mecanismos, cauces a través
de los que se expresan y desarrollan las relaciones de poder. Para que un
agregado humano adquiera el carácter de sociedad, necesita de un sistema de
relaciones de poder relativamente autocentrado que articule las diversidades y
desigualdades existentes en su seno y le dote de una lógica de reproducción en
el tiempo. El poder, las relaciones de poder, constituyen una dimensión
consustancial de la acción social, son la consecuencia de la misma. La
relaciones de poder que afectan al conjunto de una colectividad y que tienen
como consecuencia la orientación de su desarrollo como sociedad son las que
definimos como políticas. Del mismo modo, las formas, canales, mecanismos, procesos
y actitudes de los actores sociales con respecto a lo político, constituyen
parte de los marcadores socioculturales que lo definen y diferencian.
Pero las relaciones de poder, y con especial relevancia las
de carácter político, no sólo son parte constitutiva de la existencia
específica de un pueblo y de una cultura, en este caso la andaluza, sino que
son también factores fundamentales en los procesos de identificación colectiva
y, eventualmente, en la toma de conciencia de la existencia como pueblo por parte
de los individuos que lo integran. Los fenómenos y procesos de identificación
colectiva implican de manera esencial la dimensión política que les es
inherente. Para la constitución de una colectividad y/o para su reproducción en
el tiempo es imprescindible que se logre el que una mayoría sustancial de sus
miembros se reconozcan, junto a los otros, como componente de dicha
colectividad. Si consideramos que uno de los objetivos fundamentales de lo
político es instituir la sociedad y/o propiciar su continuidad, se puede
deducir el carácter estratégico que, desde el punto de vista político, tiene lo
identitario de carácter colectivo.
Por otra parte, y consecuentemente con lo anterior, los
grupos y actores sociales que pretenden acceder, mantener o acrecentar su poder
político sobre una colectividad, tienen como una de las claves fundamentales
para conseguir la hegemonía -la legitimación social mayoritaria de esa
posición-, la adquisición de la capacidad de capitalizar la identificación
colectiva como uno de los mecanismos fundamentales para lograr el
consentimiento a través de su aceptación como expresiones o personalizaciones
del “Nosotros”.
En el caso de Andalucía, estructuras sociales profundamente
desiguales y basadas principalmente en la posesión de la tierra como la fuente
de poder económico fundamental, el tamaño notable de su población, el grado de
concentración importante de la misma en núcleos relativamente aislados por
grandes extensiones vacías, el carácter estructural del paro, debido a la
escasez de oferta de empleo, controlada de manera totalmente desigual por los
que detentan la posesión de los recursos fundamentales, son algunas de las
características más importantes que, aunque con variaciones regionales -con
zonas donde ha predominado la fragmentación de la propiedad de la tierra, la
dispersión de la población en núcleos pequeños, la minería u otras actividades
industriales y comerciales como las fuentes de poder económico más relevantes-,
han constituido de manera general las bases fundamentales sobre las que se han
configurado las formas y sistema de relaciones de poder.
Efectivamente, las grandes desigualdades en cuanto a la
distribución de la riqueza y los medios de producción, ya fuera en el campo, ya
en las ciudades -teniendo en cuenta además que en el caso de Andalucía esta
dicotomía no es, salvo excepciones, pertinente-, unido a los hasta hace poco
altísimos niveles de analfabetismo y ausencia de posibilidades de formación
para la gran mayoría de los sectores obreros, y la no existencia en la mayor
parte de las sociedades locales de sectores o clases intermedias que hayan
podido actuar con cierto grado de autonomía, así como colchón y elemento de
conexión entre la pequeña minoría poderosa y la gran mayoría, son factores
fundamentales que han determinado una acusada polarización de las relaciones
sociales entre grupos claramente antagónicos, entre los que el conflicto y la confrontación,
ya fuera latente, ya explícita y abierta, eran la pauta de “convivencia” más
generalizada, al menos la más perceptible y la que ha marcado de manera más
profunda las dinámicas sociales y las relaciones de poder entre los andaluces.
En este sentido, a nivel de los valores y las percepciones,
se podrían establecer cuatro contraposiciones que definen la “cultura de la
desigualdad social” en Andalucía, las cuales inciden sobre las formas y
fenómenos que se observan en la vida cotidiana: 1) la de los trabajadores,
frente a los que no trabajan, entendiendo el trabajo en un sentido de esfuerzo
físico y de dureza; 2) la de los ricos, frente a los pobres; 3) la de los
gobernantes, frente a los gobernados;4) y la de los que saben, frente a los
ignorantes, entendiendo el saber como “cultura letrada”.
Sobre ellas, y en relación con ellas, se establecerá una
multitud de rasgos y aspectos que identifican a los unos frente a los otros,
desde las pautas de consumo a las creencias y prácticas religiosas, valoradas
de manera positiva o negativa según la posición de los individuos en una u otra
de las dos partes de la sociedad. Valores como el honor y la alcurnia, frente a
la solidaridad y la honestidad, presidían dos modelos antagónicos de entender y
actuar en todos los ámbitos de la vida social, también en lo político. Frente a
los detentadores del poder social y económico, con las instituciones políticas
y eclesiásticas como soporte y legitimación, importantes sectores de los
jornaleros y de los obreros se movilizarán para luchar por la transformación de
las estructuras sociales desiguales, asumiendo planteamientos libertarios que,
confundiéndose como los valores y prácticas de su propia cultura, darán lugar a
lo que algunos autores tipifican como la versión andaluza del anarquistas, que
no será una mera implantación de los modelos teóricos del anarquismo, sino una
forma específica de los mismos, enraizada en la realidad sociocultural de
Andalucía y claramente diferenciada de otros anarquismos ibéricos y europeos.
Sobre sus bases y manteniendo en buena medida muchos de sus rasgos, valores
fundamentales, tipos de liderazgo, formas organizativas.…, se desarrollarán, ya
en el siglo XX, movimientos de filiación socialista, primero, y comunista,
después.
Pero la confrontación como forma estructural más
característica que ha determinado la acción social y política en Andalucía no
ha sido la única. De entrada, la confrontación no ha tenido siempre la misma
extensión, profundidad y nivel de organización. De hecho, las luchas de los
jornaleros y obreros no consiguieron transformar la sociedad andaluza. La
precariedad organizativa de los movimientos, no ya a escala del conjunto de
Andalucía, sino ni siquiera entre comarcas relativamente próximas, debido a la
dificultad que para ello representaban factores como el aislamiento relativo de
las poblaciones, la escasez de medios, la actuación de los instrumentos de
represión al servicio de los sectores dominantes, determinaron que, salvo
momentos coyunturales, los mismos adolecieran de una notable debilidad y falta
de continuidad.
Es preciso tener en cuenta otro factor que se olvida con
relativa frecuencia. Nos referimos a la existencia de sistemas de relaciones de
poder informales de carácter no conflictual, sino que, a través de lazos de
tipo clientelar, articulaban y daban una cohesión relativa a una parte de la
población andaluza, variable en número y extensión según las zonas y las fases
históricas, que, manteniendo las estructuras de dominación y explotación, y
contribuyendo en parte a la reproducción de las mismas, sirvieron para
proporcionar el grado mínimo de estabilidad imprescindible para hacer posible
la vida en sociedad, tanto para los dominadores y explotadores, como para los
explotados y dominados. Este tipo de relaciones se sustentaba sobre muchos de
los principios y valores con los que se identificaba cada uno de los sectores:
honor, conocimiento, honestidad, trabajo; y otros compartidos por todos:
personalización, confianza en lo próximo y desconfianza de lo externo. A través
de vínculos diádicos y personales, duraderos en el tiempo y basados en un
código moral -al que algunos han denominado, un tanto de manera peyorativa,
“amoralismo familiar”- en el que los principios fundamentales eran la
honestidad, la confianza, la palabra, la honradez, la fidelidad, los
sentimientos, la “familiaridad”…, los patronos proporcionaban “favores”,
protección y acceso al empleo o a determinados recursos a sus clientes, y
éstos, apoyo y servicios en contrapartida.
El carácter concentrado y aislado de la mayor parte de las
poblaciones de amplias zonas de Andalucía, definía ámbitos sociales cerrados,
particularistas -lo que conecta directamente con el desarrollo de los
localismos-, con muy escasa o nula movilidad vertical lo cual facilitaba el
control social directo y permanente de los individuos, y la inexistencia o
extrema debilidad de sectores sociales intermedios con una cierta autonomía,
eran factores que favorecían la existencia y reproducción de este tipo de
sistemas.
Las condiciones de vida en las agrociudades y agrovillas
andaluzas, en las que todos los miembros de la sociedad local se veían
obligados -aunque ciertamente unos más que otros- a convivir en un mismo
espacio, daba lugar a una trama de relaciones vecinales-patronales-clientelares
que, en base a la ideología de la “proximidad familiar”, producía intereses
creados entre unos y otros que favorecían la aparente familiaridad o incluso
complicidad, pero que entrañaban en realidad obligaciones mutuas entre patronos
y clientes basadas en el citado código moral.
La importancia que han tenido y tienen en Andalucía los
sistemas de relaciones de poder de tipo clientelar, de los que el ejemplo más
conocido y característico durante el último tercio del siglo XIX y el primero
del XX fue el caciquismo andaluz -que, al igual que en el caso del anarquismo
no puede identificarse superficialmente con otras formas de caciquismo, sino que
poseyó rasgos propios muy fuertemente marcados, como han señalado algunos
autores-, se ha visto reforzada y “justificada” por la incapacidad, real o
interesada, de las instituciones del estado de proporcionar ayuda, servicios,
protección y recursos a una parte muy importante de la población andaluza. Ello
permitía al patrón actuar como intermediario para conseguirlos,
personalizadamente, a sus clientes.
La existencia de sistemas como los descritos, en los que
participaba y participa un número importante de individuos, es la que explica,
al menos en parte, que las grandes fracturas sociales existentes en Andalucía
no llevaran y no lleven a lo que, de otro modo, pudiera haber sido la quiebra
violenta de un orden de cosas profundamente desigual. El carácter estructural
de los factores que nos sirven para explicar las formas de clientelismo
patronal y caciquil del siglo XIX y de la primera mitad del XX, se demuestra
cuando observamos el desarrollo en nuestros días de nuevas formas de
clientelismo que, aunque sobre bases y con características diferentes a las
anteriores, mantienen y responden a algunos de sus rasgos fundamentales. El
poder económico y el control de las fuentes de empleo escaso detentado por los
terratenientes y las oligarquías locales, que constituía la fuente fundamental
de su capacidad de dominación, explotación y dependencia, ha desaparecido en
buena medida en una economía, como la andaluza, cada vez más externalizada.
Todo lo anterior nos conduce al reconocimiento de unas
formas propias de entender, hacer y participar en la vida política de los
andaluces, de su Cultura Política.
La concepción antropológica de la política, más allá de la
reducción que suele hacerse de la misma a lo estrictamente institucional, legal
o partidario, la define como una dimensión de la vida social que afecta y
penetra todos los demás campos y contextos en los que la política se
desarrolla. Esto es, "lo político" alude antes a un tipo de relación
interpersonal o intergrupal, que a un
espacio social determinado en el que ésta se lleve a cabo. Por tanto, "lo
político", la acción política, se extiende por el conjunto de la vida
social como forma específica de relación y comunicación que, teniendo como
elemento central el poder en su dimensión pública, penetra en los ámbitos
doméstico, laboral, asociativo…, conectándose, alimentándose, sustentándose y
ampliándose con y sobre las demás dimensiones del poder (económico, social,
ideológico), y que incluye, lógicamente, las instituciones centrales del
sistema político institucional. La acción política, el poder político, tienen
como base las relaciones de poder en sentido amplio, consecuencia de las
desigualdades sociales con múltiples vertientes y variantes (control de los
medios de producción, sexo, edad, prestigio, conocimiento, capital simbólico).
Así, las características socio-culturales de cada
colectividad condicionan la conformación y el desarrollo de los procesos de la
acción socio-política que se desenvuelven en su seno. En principio, por la
configuración que en ella presenten las relaciones de poder, sus fuentes e
instrumentos, pero también por las formas del ejercicio, representación y
expresión del mismo, así como por la lectura e interiorización (como forma de
socialización política) que los individuos hacen de él. De este modo, cada
cultura presenta una dimensión política
particular en el sentido que aquí referimos.
En relación con la definición anterior está la noción de
Cultura Política, entendida no en el sentido con que ha sido y suele ser
empleada por la Politología -que hace referencia con ella casi exclusivamente a
los aspectos formales, legales e institucionales de la práctica y el discurso
políticos, y al comportamiento de los individuos con respecto a ellos-, sino en
un sentido amplio y holístico, como el
conjunto de prácticas, pautas, imágenes, valores, discursos, símbolos... que en
una sociedad concreta inciden o se ven insertos en la acción política y
establecen modelos de comportamiento político específicos de los miembros de
dicha sociedad en comparación con los de otras, lo que hace que adquieran el
carácter de marcadores de su diferencia.
Utilizamos aquí la noción de Cultura Política como un
término amplio que nos permite referirnos a "lo político" y a
"la política" de manera global, no como un campo autónomo de la
realidad social, sino como una dimensión inseparable y profundamente penetrada
de y en todos los demás ámbitos y contextos de la acción social y de los
sistemas socioculturales. Se trata, por lo tanto de una noción que, teniendo
como referente fundamental las relaciones de poder sustentadas sobre una
estructura socio-económica concreta (sistema económico, organización
social...), integra al mismo tiempo las representaciones que los protagonistas
hacen de las mismas, las expresiones, contextos y cauces en los que se dan esas
relaciones de poder, y las formas de participación y acción socio-política de
los actores sociales en una sociedad particular. Esta noción de Cultura
Política implica de manera paralela y complementaria elementos, factores,
acciones, situaciones y contextos, como la configuración y actuación de la
élite política, el sistema asociativo, las redes de relaciones interpersonales,
el ejercicio del voto, la participación en movilizaciones, reivindicaciones,
elecciones, organizaciones, los discursos..., aspectos, entre otros, que son
manifestaciones de "lo político" entendido tal como aquí lo
proponemos.
En este sentido podríamos identificar algunos de los rasgos
que consideramos como los más sobresalientes de la cultura política de los
andaluces.
1) La fuerte tendencia a la personalización de todo tipo de
relaciones sociales y la evitación de las de carácter excesivamente distantes y
formales, como medio de autodefensa y protección, consecuencia de una sociedad
muy fuertemente polarizada, es un factor que explica la importancia de los
liderazgos construidos y sustentados sobre formas de relación directa y
personal, ya sea real o simbólicamente, llegándose con relativa frecuencia a la
configuración de poderes personalistas e incluso supuestamente “carismáticos”,
de líderes cuyo poder se sustenta fundamentalmente sobre la capacidad de
capitalizar la adhesión de la colectividad a través de una identificación de
carácter fundamentalmente afectivo.
2) La importancia del ámbito local como espacio social,
identitario y, también, político; característica que tiene al localismo como su
manifestación más extrema.
3) La fuerza que tiene la referencia a la “izquierda” como
signo de identificación política, obliga a que
se asuma dicha identificación, como así es de hecho mayoritariamente
todavía en el día de hoy, o se rechace. La izquierda, hay que aclarar,
entendida en un sentido que refiere no a ideologías normativas y a programas
políticos concretos, sino a valores y referentes ideológicos existenciales que
forman parte de la cultura andaluza en sentido amplio. Este aspecto ha tenido y
tiene una importancia indudable para poder explicar el desarrollo de la
historia electoral de Andalucía en otro tiempo y también en los últimos años de
funcionamiento del sistema democrático.
4) La desconfianza en el poder institucionalizado,
tradicionalmente asociado a las clases dominantes y, por lo tanto, contrario a
los intereses de la mayor parte de los andaluces, y el largo periodo de regímenes
autoritarios al que se ha visto sometida la sociedad andaluza, son los factores
que explican, además de la experiencia negativa que la mayoría de los
ciudadanos pueda haber tenido con respecto a las actuaciones de los políticos,
más o menos magnificadas por los medios de comunicación, la actitud contraria y
el rechazo que muchos andaluces manifiestan hacia la política. Esto es una
clara consecuencia del arraigo profundo que en su cultura política ha tenido la
idea que de la misma han dejado las estructuras de dominación existentes en
Andalucía.
Las estructuras socioeconómicas y las características de la
cultura política de los andaluces no han favorecido, sino todo lo contrario, el
desarrollo de la toma de conciencia generalizada de su existencia como pueblo.
Los descubrimientos y las acciones llevados a cabo por determinadas
personalidades y grupos relativamente reducidos y limitados, como los que desde
el campo científico realizaran Machado Núñez, Antonio Machado y Álvarez y
los grupos de antropólogos
folkloristas, en el último tercio del siglo XIX, o los que, desde el campo
político, hiciera Blas Infante y el grupo de andalucistas en torno a él, quedaron
limitados, bien que en grado diferente, al ámbito intelectual o de círculos
reducidos, pero no lograron alimentar un proceso de extensión del
reconocimiento de Andalucía como pueblo por parte de los sectores sociales
mayoritarios y más poderosos, las capas obreras y jornaleras, y la oligarquía
terrateniente. Las abismales desigualdades existentes entre ellos y la
imposibilidad de conciliar sus intereses de clase con los intereses comunes
como pueblo, impidieron el arraigo de la semilla plantada por aquéllos.
A las dificultades estructurales hay que añadir las
constituidas por los grupos dominantes que, apoyados en las instituciones y los
instrumentos represivos del Estado, actuaron siempre en contra de la extensión
de dicha conciencia, ante el peligro que ello hubiera representado para el
mantenimiento de sus posiciones de privilegio. Lo que queda claramente de
manifiesto con el asesinato del propio Blas Infante, tras la sublevación
militar de 1936, por “constituir un movimiento regionalista”, a pesar de que
durante sus años de actividad política no consiguiera dar forma a una
organización, ni generar un movimiento amplio de reivindicación andalucista, y
de que sus planteamientos, en general, no pusieran en cuestión de manera
radical la “españolidad” de Andalucía. Se intentaba borrar cualquier atisbo que
pudiese dar lugar al desarrollo de esa toma de conciencia. La apropiación de
muchos de los elementos y referentes de la cultura andaluza para la
construcción de la imagen de España, contribuirá a profundizar la alienación de
los andaluces sobre la especificidad y originalidad de sus rasgos identitarios,
lo que constituirá un importante factor de bloqueo para la toma de conciencia
de su existencia como pueblo. Ejemplos como los del flamenco, profundamente
trivializado y adulterado; la copla, travestida como “canción española”; el
vino, anunciando al jerez como “vino español” en las recepciones oficiales; los
caballos andaluces y el estilo de monta vaquera, convertidos en “españoles”,
son algunos ejemplos de dicha instrumentalización de lo andaluz para construir
la ficción de lo genéricamente español.
Será coincidiendo con la amplia movilización popular de
finales del franquismo y los inicios del periodo denominado de la transición
cuando, paralelamente y alimentándose mutuamente, surgiera con fuerza y se
extendiera como una mancha de aceite un inicio de toma de conciencia por una
gran parte del pueblo andaluz que, junto a la reivindicación de democracia, a
semejanza de algunos pueblos y a diferencia de muchos otros, se reclamaba
también la autonomía plena, es decir, el reconocimiento político de la
existencia de Andalucía como pueblo, para afrontar la solución de problemas y
lacras históricas como la injusta distribución de la propiedad de la tierra, el
paro y la emigración. En ello, a parte de factores como la elevación de los
niveles educativos y de los medios de comunicación, tuvo una influencia de gran
importancia la toma de conciencia sobre la pertenencia compartida a un mismo
pueblo y a una misma cultura, experimentada por casi los dos millones de
andaluces exiliados como consecuencia de la emigración a que se vieron
obligados durante los años 60 y primeros 70. Este descubrimiento, paralelo al
de la constatación de la situación de marginación y pobreza a la que Andalucía
había estado sometida secularmente, despertará a otros muchos andaluces, que
permanecieron en Andalucía a través del mantenimiento de la relación de los
emigrantes con sus familiares y amigos.
Esta reivindicación, cuyo afloramiento generalizado no
estaba en los cálculos de la mayoría de los actores que en aquellos momentos
protagonizaban la acción política, hizo a algunos de ellos -los que
representaban a los sectores conservadores y a los gestores de la transición-
adoptar posiciones defensivas que, a la postre, no sólo tuvieron un efecto
contrario al que pretendían, sino que animaron a otros a subirse a la cresta de
la ola con la pretensión de aprovecharla e instrumentalizarla. De cualquier
modo, tanto para unos como para otros, la reivindicación de la autonomía plena
para Andalucía constituyó un torpedo a la línea de flotación del proyecto
constitucional de un Estado asimétrico, en cuyo diseño habían participado
conjuntamente, en el que unas comunidades tendrían una capacidad plena de
autogobierno, mientras que para el resto se establecía una mera
descentraliación administrativa. La negativa de los andaluces a ser tratados de
manera desigual como pueblo y su afirmación como nacionalidad, recogida en el
Estatuto, dio al traste con dicho proyecto y sirvió de ejemplo a otras comunidades.
Por primera vez en la historia de Andalucía surgirán también
organizaciones políticas de orientación regionalista y nacionalista, como es el
caso del PSA, formación política que tuvo a su base asociaciones y grupos ya existentes
antes de la liquidación del régimen franquista, como ASA; también de grupos
que, procedentes de organizaciones marxistas, como el PTE, constituyeron el
PAU-PTA; e incluso alguno formado por integrantes de determinados sectores de
la burguesía, como el PSLA.
La capitalización de esa incipiente conciencia de pueblo,
bastante amplia pero frágil y de cimientos ideológicos poco profundos, por
parte de algunos de los citados protagonistas de la transición en Andalucía,
principalmente el PSOE, les permitirá conseguir el control de las primeras
instituciones de importancia en el conjunto del Estado, las de la recién
conquistada Autonomía, y a partir de ellas, poco tiempo después, acceder al
poder en el mismo centro del Estado, con un apoyo masivo del que los andaluces
constituyeron la parte más importante.
A partir de ese momento y especialmente desde el intento de
golpe de Estado y la promulgación de la LOAPA, se iniciará un proceso de
repliegue por parte de las formaciones y por parte de la organización hegemónica
en España y, de manera especialmente profunda, en Andalucía, frenando y
bloqueando el desarrollo de aquel movimiento que le permitió conseguir su
posición. Ello ponía de manifiesto el carácter del papel jugado por la misma
con respecto al movimiento político-ciudadano por la autonomía, desvelando la
coincidencia fundamental con el resto de los grupos políticos, tanto de ámbito
español, como de las autodenominadas “nacionalidades históricas”, con respecto
al modelo de estado asimétrico de la Constitución de 1978.
Paralelamente, los grupos y organizaciones identificadas
como andalucistas o nacionalistas andaluzas, en clara inferioridad de
condiciones frente a las de carácter y vocación estatalista, no conseguirán
superar las dificultades externas e internas que les impedirán ampliar su base
social, perdiendo, incluso, parte de la misma. De ellas, sólo el PA ha
mantenido una presencia y actividad de relativa importancia, aunque con muchas
dificultades.
Todo ello ha determinado que en la actualidad el grado de
conciencia de los andaluces como tales sea en términos generales bastante más
débil que a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Según los
estudios realizados, los índices de reconocimiento de Andalucía como una
realidad con identidad propia son bastante importantes, pero ello no se
contrapone con la identificación como españoles y, sobre todo, es un
reconocimiento fundamentalmente a nivel de sentimiento, pero no de
reivindicación política.
Sin remontarnos a las formaciones políticas que
sucesivamente se fueron constituyendo durante el periodo andalusí de la
historia de Andalucía, empezando por el Emirato y terminando en el Reino Nazarí
de Granada, pasando por el Califato y los diferentes reinos de taifas, no será
hasta 1981 cuando se constituya la primera entidad moderna de carácter político
en Andalucía. Desde 1492 y hasta la última fecha, los únicos marcos de
organización del territorio andaluz, más allá de los municipios, tendrán un
carácter casi puramente administrativo, como era el caso de los cuatro “reinos”
en los que quedó dividido tras la culminación de la conquista castellana, que
tenían un valor más simbólico que real y, desde 1833, tras algún intento
anterior, las provincias, que en número de ocho, lo han articulado y articulan
en función de los intereses y de la lógica de funcionamiento de la estructura
centralizada del Estado español. No es hasta el establecimiento de la Junta de
Andalucía y sus instituciones: Parlamento, Consejo de Gobierno y Tribunal
Superior de Justicia, cuando Andalucía, por primera vez, contará con un marco
político-administrativo propio, que abarca y engloba al conjunto de sus
poblaciones y comarcas, aunque manteniendo la división provincial.
La juventud de las nuevas instituciones políticas andaluzas,
construidas ex novo sin ningún precedente anterior, como sí sucediera en los
casos de la Generalitat de Cataluña, o de las Diputaciones Forales del País
Vasco, es uno de los factores que explica el todavía escaso arraigo de las
mismas en una parte importante de la sociedad andaluza. O lo que es lo mismo,
la institucionalización política de Andalucía no ha conseguido ser incorporada
aún de manera profunda y extendida en la cultura política de los andaluces. No
obstante, aunque la juventud -ya no tanta tras casi veinte años de
funcionamiento de la autonomía andaluza- es una parte de la explicación, no es
en modo alguno la única, ni siquiera la fundamental. Han actuado y actúan
factores que dificultaron y dificultan, e incluso bloquean, el proceso de
identificación real de los andaluces con sus instituciones, única manera de que
cumplan el cometido que les corresponde como instrumentos del poder político
andaluz. Dichos factores son diversos y complejos. Algunos son producto de los
rasgos que antes se han apuntado como caracterizadores de la cultura política
de los andaluces: la desconfianza hacia los poderes institucionalizados, la
centralidad del ámbito local en el desenvolvimiento de la acción social y política
y como referente fundamental de identificación colectiva, entre otros. Pero
siendo estos importantes, los factores que han incidido de manera más decisiva
en dicha no incorporación de las instituciones de la autonomía al universo
político de los andaluces simbólica, afectiva y realmente, en su vida cotidiana
y en su práctica, son fundamentalmente los derivados de la supeditación de esos
instrumentos y sus potencialidades a las lógicas, estrategias e intereses de la
estructura del Estado y de las organizaciones políticas que han detentado su
control. De tal manera que la repercusión en la práctica de la actuación de los
mismos no ha producido el grado de toma de conciencia de la personalidad
política de Andalucía existente en algunos de los pueblos de España con los que
comparte, teóricamente, niveles muy similares de capacidad de autogobierno.
Es claro que la no existencia de una conciencia generalizada
del pueblo andaluz sobre su especificidad -incluidos la mayor parte sus
representantes-, actúa a su vez como un factor que lastra el proceso de
enraizamiento y asunción de nuestra instituciones políticas; pero la causa
fundamental de este débil desarrollo político es responsabilidad de los
sectores y grupos que han utilizado y utilizan algunos de los elementos que
fragmentan al territorio y a la sociedad andaluza, como los enfrentamientos
provincialistas y localistas, sin establecer los mecanismos correctores, como
la transformación de la ordenación político-administrativa interna de Andalucía
que supere en gran medida la artificiosa demarcación provincial y dote de
personalidad a las entidades comarcales y a las áreas metropolitanas; o la
utilización de los medios públicos de comunicación para fomentar el
conocimiento y la participación política de los ciudadanos andaluces en sus
instituciones y en la extensión de la conciencia como pueblo, razón última y
fundamental que justifica la propia existencia de dichas instituciones y de los
que detentan su control.
Frente a la debilidad del marco político autonómico, y sin
que ello tenga que considerarse necesariamente como un problema a priori, el
espacio más importante sobre el que se centra el desarrollo de la vida política
de la mayoría de los andaluces es el municipal. El pueblo, la ciudad, son los
espacios fundamentales que acaparan casi en absoluto su reconocimiento, su
identificación y, en su caso, su participación política. La falta efectiva de
otros marcos de articulación e identificación política, como la comarca o
Andalucía, explican la fuerte tendencia que se observa al localismo, entendido
como “fundamentalismo de lo local” y la consideración por parte de la mayoría
del Ayuntamiento como la institución política más significativa.
Según manifiestan reiteradas encuestas y estudios, la
profundidad de alguno de los rasgos que definen la cultura política de los
andaluces, unida al efecto desactivador y de decepción de la experiencia del
proceso político vivido durante los últimos lustros, han desembocado en la
actualidad en una actitud en la que prevalece la indiferencia, el aburrimiento
o incluso el rechazo hacia la política y los políticos. Son mayoría también los
que se sienten muy distanciados de la toma de decisiones que les afectan a
ellos personalmente y al conjunto de la sociedad andaluza. Es idea muy
extendida que los que gobiernan lo hacen en función de intereses partidistas e
incluso particulares, y no en beneficio de todos. Por el contrario, los
sentimientos predominantes hacia la política son a menudo la desconfianza, el
escepticismo y aun la indiferencia. Ello favorece, por el contrario, el
desarrollo de posiciones cada vez más individualistas. Se está cada vez menos
inclinado a que la vida cotidiana se vea afectada por acontecimientos de
interés general, más allá del ámbito de interacción propio. Los hechos
exteriores son reinterpretados y utilizados para reforzar las propias
convicciones, estimular el consenso interno del grupo de pertenencia y
reafirmar la particularidad del mismo.
El resultado de todo lo anterior es el debilitamiento del
escaso grado de conciencia de la identidad de Andalucía como pueblo que
observamos en los últimos tiempos, en contraste con el proceso iniciado y
rápidamente abortado durante los momentos de la transición y la
institucionalización de nuestra autonomía. Ello no sólo constituye un menoscabo
en las posibilidades de conseguir un desarrollo propio, auténticamente integral
y sostenible, para lo que el capital identitario constituye un factor y recurso
de capital importancia en el mundo “globalizado”, sino que representa un
peligro grave de pérdida de legitimidad para las propias instituciones del
autogobierno, cuya razón de ser no es otra que la propia existencia de
Andalucía como pueblo y la conciencia de los andaluces como tales, y, por ende,
la justificación de los que las ocupan legítimamente como resultado del sistema
representativo del que formalmente disfrutamos. Esto adquiere un cariz
preocupante en unos momentos en los que se están dando movimientos que
pretenden reconducir el desarrollo del modelo de Estado para reproducir el de
carácter asimétrico que la constitución del 78 establecía, en el que Andalucía
volvería a quedar postergada.
1.- Poder político, clientelismo y confianzas
Sería erróneo desconocer el papel que la presión -directa o
atribuida- de los hombres de poder locales, ejerce en circunstancias de precariedad
del trabajo. A lo que se une la inercia, la convicción de que, en pueblos
pequeños, se sabe con bastante aproximación quién votará a quién, existiendo
una gran sensibilidad a lo que se percibe en el ambiente, de tal modo que el
voto va a veces más de acuerdo con intereses familiares o personales que es
preciso proteger, y no con ideologías, que se subordinan a la inmediatez de
aquéllos. Esto explica que las costosas campañas electorales tengan a menudo
poca influencia en el voto rural.
Es en este punto útil recordar la diferenciación entre la
estructura y localización de las redes de relaciones personales que se da en un
pueblo y las de una ciudad. Intentar interpretar o aplicar las pautas usuales
de conducta en un contexto distinto, puede dar resultados muy diferentes de los
esperados. Por la misma razón, es claro que conductas políticas exitosas en un
medio urbano (por ejemplo, de reclutamiento o captación de simpatizantes de un
partido), tales como la utilización de medios de masas, carteles, etc., pueden
dejar indiferentes a muchos electores rurales, quienes valoran en mayor medida
la confianza que personalmente les merece un candidato o incluso el aparato
local de un partido. Esto explica la permanencia de fidelidades que de otro
modo resultarían menos comprensibles. Por la misma razón, ha sido lógico que se
dé una apreciable correlación entre el apoyo al partido que se encuentra en el
poder y el voto de las zonas con mayor paro o, lo que es lo mismo, con mayor
precariedad en el empleo. Otra cosa es
que en una población o comarca concreta se suponga con fundamento que las cosas
van a cambiar. En cuyo caso, si es preciso, se sacrifica la ideología de nuevo
a los intereses. Pero también es preciso tener en cuenta que la figura del
líder local es más influyente en la medida en que (aparte de ciertas
imprescindibles cualidades personales), la localidad es más pequeña, por lo que
en éstas puede actuar con relativa independencia respecto al partido.
Otros cambios en el medio rural modifican también algunos
mecanismos de poder. Por ejemplo, ciertas actividades, como la construcción, el
turismo, la enseñanza, o la representación de determinadas empresas, como
maquinaria o tecnologías, han hecho surgir una clase media nueva, desde luego
reducida, pero con la que hay que contar para ciertas decisiones. Este tipo de
personas han ocupado en los últimos años con frecuencia puestos de concejales,
o posiciones de influencia, y a su vez se han convertido en correas de
transmisión a nivel local de decisiones de los partidos políticos, sustituyendo
a los antiguos caciques.
Como ya hemos apuntado antes, la gestión y distribución de
los recursos -subsidios, pensiones, subvenciones, trabajos comunitarios-
explica la persistencia del sufragio sobre todo en los medios rurales, sin
perjuicio de otras tradiciones, como las que se han mencionado y que se
remontan, por lo menos, a la II República. Ello, aparte del papel de confianza
que se deposita en un cierto liderazgo y al que también aludíamos. Al fin y al
cabo, dicha confianza era clave en el antiguo sistema caciquil, y sigue
siéndolo cuando el partido se ha convertido en depositario de ella a través del
control municipal de fondos públicos. Lo que tiene particular importancia en
una zona en que éstos han venido constituyendo con cierta frecuencia la
principal aportación económica con que mensualmente se ha contado,
especialmente en localidades pequeñas y pobres. Por eso se dice que una de las
razones principales de la transformación del sistema caciquil, se debe a que la
presión popular para conseguir empleo en el medio rural se dirige ahora a la
Administración, que es la que lo controla, con lo que ésta ha asumido el papel
de intermediario que antes desempeñaba un propietario poderoso.
Por tal razón, lo importante ahora es la continuidad en la
fidelidad del voto, sin que importe demasiado la afiliación. Es decir, un
partido puede tener un bajo número de miembros en cualquier localidad, sin que
ello afecte demasiado a los resultados electorales; lo que interesa es que se mantenga
el sufragio en su favor. Razón por la cual se habla de partidos de electores,
más que de militantes. Tampoco influye que el número de miembros de
asociaciones o de éstas mismas sea reducido (a excepción de algunas hermandades
religiosas o clubs de futbol), tema en el que no es necesario insistir.
La persistencia en el sufragio no depende , necesariamente
pues, del arraigo de un partido, ni de la profundidad de una ideología, sino de
que aquél sepa cubrir las expectativas laborales de los vecinos de un pueblo, o
al menos garantice por una u otra vía la continuidad de unos ingresos. En otras
palabras, en zonas de paro endémico, un clientelismo colectivo se ha adscrito a
un patrono también colectivo. La clientela obtiene así una modesta pero segura
estabilidad económica y el partido un apoyo que, de otro modo, ni aquélla ni
éste jamás habrían alcanzado. Desde el punto de vista electoral, es claro que
este tipo de "compromiso" disminuye bastante la volatilidad, unas
veces por fidelidad a unas siglas o a una ideología, otras por mero interés
propio.
La utilización de medios clientelísticos ha originado una
distribución discriminatoria de favores que ha dado lugar a ganar, mantener y
aumentar el control sobre los recursos del bienestar estatal. Y es que este clientelismo
ha radicado menos en la distribución de la abundancia que en las habilidosas
manipulaciones de la escasez.
En definitiva, la dependencia laboral produce dependencia
política, reforzándola por virtud de un efecto de inercia, al cabo de muchos
años. El desempleo se puede convertir en un arma de utilización política por
quienes estén en el poder, al contrario de lo que se podría pensar, puesto que
al controlar -en ciertas condiciones- los mecanismos de su compensación, los
parados terminan por convertirse en aliados por conveniencia.
El hecho es que las diversas subvenciones al desempleo rural
son la única renta más o menos 'estable' y regular que ha obtenido el
trabajador eventual agrícola andaluz a lo largo de la Historia, y sólo desde
los años 70, asegurando algunos comentaristas que sin esta ayuda no podría hoy
subsistir. Según datos de encuesta, en los años 80 la media de subsidiados
venía a ser de 1,6 personas por familia inscrita.
Por otra parte, el miedo que produce la inseguridad anterior
ha llevado a estos trabajadores a un alto grado de dependencia clientelar hacia
los que mantienen políticamente este sistema, que trataron de reproducir
mediante el voto. Lo cual ha provocado el procesamiento de un cierto número de
alcaldes, que han firmado peonadas falsas a los jornaleros. Los defectos que se atribuyen a tal sistema
se pueden resumir diciendo que a los jóvenes se les reduce la motivación de
especializarse o independizarse, y además tanto ellos como las mujeres dependen
del "enlace" para conseguir un empleo, o del favor del empresario.
Las organizaciones sindicales pierden presencia en la sociedad rural, y los
pueblos como tales se ven condenados a la marginación y el clientelismo, cuando
no se desarrollan otros medios de empleo. El subsidio termina a menudo por ser
considerado como un derecho, pero la función de dependencia subsiste, aunque
cambie alguno de sus actores (antes el cacique, ahora un partido político). Los
sindicatos CC.OO y el SOC sobre todo -además de los propios trabajadores
rurales-, han criticado duramente este sistema, en base tanto a su ineficacia
como a los fraudes a que se presta.
Cuestión distinta es
que sea ya imperativo encontrar un digno sustituto del sistema actual, en el
que se mantengan subvenciones al desempleo rural exclusivamente para quienes lo
precisen, con un reciclaje y una auténtica formación profesional para los más
jóvenes y un control estricto que impida los frecuentes fraudes a que se ha
prestado, eliminándose sus inadmisibles repercusiones político-clientelistas.
Por supuesto, la creación de empleo innovador debiera tener prioridad en
cualquier planeamiento que realmente tienda a transformar desde el poder
nuestro medio rural.
2.- Insuficiente iniciativa empresarial
Se echa también de menos en Andalucía la influencia activa y
la capacidad crítica de una burguesía interesada y comprometida con los
problemas de su tierra, la cual desde hace siglos no ha sabido sacar partido de
sus posibilidades. Cuando a finales del XIX los empresarios se movilizan para
la creación de industrias, los terratenientes
se abstuvieron de invertir y de asociarse, con lo que todo el sector
nació con una debilidad de recursos que terminó por serle fatal. No se pudieron
tampoco reinvertir en la zona los recursos generados en ella, con lo que se
impidió también que la banca jugase el papel activo que requiere todo proceso
de desarrollo económico.
Todavía no hace mucho sucedía algo parecido. Llama la
atención que fuesen precisamente las provincias peor situadas en las
rentas per cápita (no ya a nivel regional, sino nacional), las que hasta 1996
contaban en Andalucía con mayores depósitos en los bancos. Lo cual implica un
considerable retraimiento del sector más pudiente de dichas ciudades y provincias,
el cual colabora muy poco para su resurgimiento económico. Naturalmente, tales
entidades han hecho uso de esos fondos en otros lugares del país o del
extranjero, sin crear pues allí riqueza ni empleo. Lo que ha provocado
concentración de rentas, fuertes desigualdades sociales, poca difusión del
espíritu empresarial, escasa innovación económica o tecnológica e incluso
apatía ante la ineficacia de ciertos responsables económicos o políticos por
ayudar a su tierra. Un cierto número de ellos ha preferido subordinar los
intereses de Andalucía o de parte de ella a los suyos propios. Lo cual con
frecuencia se ha visto facilitado por la aceptación indiscutida de las
directrices del poder central, aun a sabiendas que se sacrificaba el espíritu y
aun la letra del Estatuto de Autonomía a una conveniencia personal.
En Andalucía, de la que se ha dicho que "quienes tienen
iniciativa no tienen capital, y quienes tienen capital no tienen
iniciativa", ha predominado -con excepciones- en el sector más pudiente un espíritu poco favorable a correr
riesgos, precisamente cuando el asumirlos resulta característico del
empresariado moderno. Por el contrario, se ha pretendido obtener beneficios
rápidamente y sin arriesgar capital, lo que pudo ser usual en otra época en que
abundaba la mano de obra barata, pero que en los países desarrollados hoy está
olvidado. De aquí el escaso número de empresas industriales de cierta
importancia cuya dirección se encuentra en Andalucía, pese al considerable
volumen de su población.
En su gran mayoría sus
representaciones no pasan de ser simples delegaciones, dependiendo casi todas
de decisiones adoptadas fuera de Andalucía y aun fuera de España. El poder de
la empresa privada es pues en Andalucía, condicionado, limitado y casi
generalmente dependiente de decisiones exteriores. Incluso la mera presencia de
tales delegaciones se concentra en su práctica totalidad en las ciudades -sobre
todo en Sevilla- y casi nunca en el medio rural.
Más aún, otras diferencias entre el medio rural y el urbano son
mayores en Andalucía que en otros muchos puntos de España, al concentrarse en
las poblaciones de mayor magnitud los recursos, los profesionales y técnicos,
las inversiones, las instituciones educativas y gran parte del esfuerzo
provincial. Las localidades rurales han recibido la concesión de
polideportivos, pavimentaciones, otros servicios y sobre todo el PER. Pero se
mantiene una cultura de acrópolis en
los centros urbanos (con toda clase de organizaciones, servicios y actos
culturales), sin correspondencia ni proporción alguna en los pueblos, que están
en situación de dependencia, y cuya estructura socioeconómica ha cambiado de
ser meramente agrícola, a pasar ahora a ser una mezcla de agrícola y
subvencionada, con escasa presencia de los sectores secundario y terciario.
3.- Cambios en la estructura
social y laboral del campo
Lo que en términos generales
puede decirse es que en el transcurso de las tres últimas décadas, la pobreza
ha disminuido, y la "altura" de la pirámide social se ha
reducido apreciablemente en el medio
rural no sólo de Andalucía, sino de todo el país. Hay una proporción de
jornaleros y peones sin cualificar muy inferior a la cualquier otro momento, a
la vez que se han incrementado mucho los niveles medios de educación y las
actividades "nuevas". Hasta el punto de que la propiedad agraria no
es ya el factor clave y casi único, determinante de la posición social, la
influencia política y la identidad colectiva. También una proporción mayor que
nunca de mujeres trabaja en ocupaciones no agrarias, y no aumenta más aún
debido a la decisiva influencia del alto paro que todavía se registra en
Andalucía.
La estructura viaria ha mejorado
en casi toda España, pero todavía es mucho mejor entre los grandes centros
urbanos y sus conexiones directas que en el medio rural, en el que a menudo las
Diputaciones provinciales no atienden suficientemente el estado de las
carreteras comarcales. Se produce así una consecuencia no querida ni prevista
en los planes generales de comunicaciones del Estado. Mientras en el medio
rural andaluz en particular abundan las dificultades derivadas de las
deficiencias de sus comunicaciones interiores, las autovías que han proliferado
en los últimos años permiten una velocidad y facilidad de traslado entre
centros urbanos y un reducido número de comarcales, que indirectamente
modifican la estructura social rural.
Dicho de otro modo, son muy
numerosos los casos de profesionales, funcionarios y técnicos que residen en
las ciudades, y cuyo destino o función se realizan en el medio rural. Tal es el
caso de maestros y otros funcionarios del MEC, médicos, auxiliares y
administrativos de salud pública, y similares, que en los días laborables se
desplazan a localidades sitas incluso a 100 kilómetros o más de su vivienda,
trabajan en ellas durante toda su jornada y regresan por la tarde a la ciudad.
La no presencia como residentes
de un apreciable número de estas personas, evidentemente empobrece la vida
social, cultural y económica de las localidades más pequeñas, reduciendo su
dinámica y potencialidades de muy diversa clase. En menor proporción, pero
también de modo visible, sucede con el comercio local, que difícilmente puede
competir con las tentadoras ofertas de las grandes superficies en los centros
urbanos, a las que en fines de semana o festejos se desplazan para hacer acopio
de productos muchos residentes del medio rural.
Son éstas pues, consecuencias no
siempre deseables ni previstas de la mejora de las comunicaciones y de la mayor
facilidad en la adquisición de vehículos, que repercuten a menudo en forma
negativa en los pueblos de menor importancia. Más aún, los situados en la
periferia de las ciudades, si bien han aumentado a expensas del traslado
"al campo" de buen número de residentes de éstas, de hecho no son más
que poblaciones "dormitorio", en las que existen y se crean
proporcionalmente escasas actividades productivas. Tal es el caso de los
"cinturones" de áreas metropolitanas como las de Sevilla, Granada,
Málaga y Cádiz.
Datos de comienzos de los años 80
permiten comparar el prestigio social de las distintas profesiones, como
manifestación de la percepción de su respectivo poder (o status, en el sentido
expresado por Max Weber). La máxima distancia posible (sobre un total de 6
puntos), se daba en las agrociudades andaluzas, con 5,96 de diferencia entre
los latifundistas y los obreros agrícolas. Los cuales representaban por
entonces todavía más del 40% de la población activa. Dicho de otro modo, una
pirámide clásica del subdesarrollo, con reducidas clases medias y una pequeña
pero poderosa élite. Lo cual explicaría los rebrotes de la conflictividad
agraria campesina protagonizados sobre todo en zonas de la campiña del
Guadalquivir durante décadas, pero que han quedado reducidos -mediante diversos
mecanismos- a simples sombras de lo que fueron. No es menos cierto que la clase
media nueva ha aumentado considerablemente, como ya se ha comentado, pero no se
puede perder de vista que su proliferación se ha concentrado especialmente en
los centros urbanos.
En definitiva, hay unas zonas en
las que la cultura de la subvención, el clientelismo y la familia nuclear
constituyen las únicas estructuras que funcionan, y otras, incardinadas en un
sistema de interacción mucho más moderno y relativamente más igualitario, en
localidades urbanas a no muchos kilómetros de distancia.
No es posible entrar aquí en el
detalle de los cambios en la producción agraria en este útimo lustro. Pero es
un hecho que la mecanización, la selección de cultivos y las nuevas directrices
políticas de la administración comunitaria y sus subvenciones, han introducido
profundos cambios -sin duda irreversibles- en este sector. Es claro que ciertas
producciones, como las procedentes de los cultivos en invernadero, frutos
especializados y horticultura para exportación y algunos otros, encuentran un
buen mercado en Centroeuropa, a pesar de tropezar con numerosas trabas en la
política comercial española, y en su escasa capacidad de innovación oficial.
Pero no es menos cierto que han aumentado las areas marginales, sobre todo de
pequeñas explotaciones incapaces de competir, y que la nefasta política
agroindustrial de estos últimos años ha dado lugar a la desaparición de
industrias alimentarias sobre todo en Andalucía, en lugar de lo lógico, que
aparentemente hubiera sido su incremento. (Como se ha señalado recientemente,
en sólo 18 municipios de los 769 de Andalucía se localiza el 64% de las
inversiones, mientras que en el 66% de su territorio se invierte sólo el 4% de
éstas).
Se produce, en definitiva, un
desarrollo desigual: las regiones más septentrionales reciben -como hace
décadas- la aportación de capitales y mano de obra desde las más pobres. La
dependencia aumenta no sólo en el aspecto económico, sino incluso en los modos
de vida, una vez más, imitativos. En el típico círculo vicioso, esto da lugar a
menor iniciativa, menor capacidad de producción, procedimientos rutinarios y
desfasados, sociedad dual, escasa capacidad de respuesta a los retos de la
postmo-dernidad, bajo nivel de asociación, y continuación del desempleo. La
zona andaluza queda calificada como "desfavorecida" y de montaña, en
sus tres cuartas partes, pese a sus capacidades naturales inexplotadas, un
desarrollo desequilibrado y mal orientado, en suma.
Frente a esta situación de escasa
dinámica, cabe destacar innovaciones
que en forma paulatina han transformado los modos de producción en
CC.AA. como Galicia (por citar un solo ejemplo) de manera que actualmente, un
tercio de los ingresos familiares en aquel medio rural proceden de actividades
turísticas. Y es que, con la democratización, en muchas zonas -no en todas- se
ha producido una mayor difusión del poder hacia su entorno social. En Andalucía
aún estamos lejos de tal proporción, aunque es estimable el esfuerzo realizado.
Lo cual, hablando en general, deriva
de 1) una mayor dispersión de los recursos, 2) de la aparición de nuevos grupos
y la consiguiente diferenciación de las elites, y 3) del incremento de la
heterogeneidad de los intereses en éstas. Como es lógico, esto resta autonomía
a los políticos locales, los cuales, por lo menos a nivel comarcal, dependen de
decisiones adoptadas "más arriba".
En el fondo, lo que se plantea es
la cuestión -de indudable conexión con la identidad andaluza- de hasta qué
punto la localidad constituye una unidad que se mantiene y se define por
contraste con el "exterior". Incluso contemplada desde el interior,
ésta presenta también muchas facetas, por pequeña que sea. Y es de notar que
las quejas y las sospechas, en materia sobre todo de política local, se centran
en la incompetencia, los abusos y el grado de legitimidad con que se desempeñan
ciertos papeles. Se ha dicho que hay una convicción generalizada y una
tendencia a desacreditar la imagen de los representantes del
"pueblo", sean quienes sean.
También se acusa un fuerte
sentido de dependencia respecto al aparato del Estado, por lo que a la
recíproca, las localidades más pequeñas se sienten poco inclinadas (salvo en
situaciones de crisis), a que les afecten acontecimientos de interés general,
sean nacionales o internacionales. Los hechos exteriores son reinterpretados y
utilizados para reforzar las propias convicciones, estimular el consenso
interno, y reafirmar los valores básicos del pueblo. De esta manera, los
nativos tienden a rechazar las etiquetas políticas, eluden las definiciones, y
aceptan de mal grado que se asimilen los conflictos internos, interpersonales,
con conflictos de partidos políticos. En definitiva, da la impresión de que no
siempre se ha favorecido desde el poder una dedicada, sincera y masiva participación
popular.
4.- Modernización rural sin
desarrollo
El hecho es que la modernización
acarrea consecuencias que relativa e inevitablemente repercuten más en las
localidades rurales que en las urbanas, porque los habitantes de aquéllas
tienen cada vez menos capacidad para aislarse del mundo exterior. Cabe así
deducir que las nuevas tecnologías y otros cambios, están produciendo una
redefinición no sólo de los recursos ambientales del campo, sino de las
relaciones sociales presentes en la tradicional explotación familiar y aun en
las señas de identidad de un pueblo.
Así por ejemplo, el papel de la
mujer en nuestro medio rural (que obviamente posee connotaciones políticas), ha
sido objeto de varios estudios recientes. Sólo destacaremos aquí algunos datos,
tales como el de que "suelen aparecer como una mano de obra abundante,
flexible, cautiva, con mínimas exigencias laborales y escasa o nula
sindicación", ganando una media aproximada de 40.000 pts. al mes (1995) en
trabajos destajistas de confección a domicilio, sin otras retribuciones, ni
derecho a vacaciones, desempleo ni seguridad social. Generalmente se las
destina a trabajos irregulares y sus ingresos suponen más o menos un tercio del
total de los del hogar. Es muy generalizado el corte generacional entre las
mujeres de más y menos de 40 años de edad, apreciable en una diferenciación
bastante clara de actitudes y valores. Más aún, en las menores de 25 años se
perciben diferentes expectativas de trabajo y una mejor formación, resultante
de una reciente escolarización más completa. Es frecuente que -cuando los
recursos familiares lo permiten- estas
jóvenes sean enviadas a estudiar al medio urbano, lo que sucede en mayor
proporción que con los varones, quienes permanecen en el pueblo dedicados a
actividades productivas. Esto implica pues, una inversión de la tendencia
tradicional en nuestro país, al menos en este segmento de la población.
Otro resultado de esta situación
es también que la Política Agraria Común choca con la sobreproducción,
exigiendo ajustes a menudo penosos y que sobre todo recaen en Andalucía. Se ha
intentado a este respecto compensar, por ejemplo, mediante subvenciones para
dejar de cultivar, hasta un 15 % de las explotaciones superiores a las 20 Has.,
destinándose ese espacio a reforestación. Y por otro lado, la
"excusa" ambiental puede frenar la competitividad, puesto que la agricultura mediterránea es la
más sensible a las consecuencias de las reformas de la PAC.
Demasiadas veces se han
sacrificado los intereses de Andalucía a las directrices, no ya de la PAC, sino
de grupos de presión centroeuropeos. Lo cual ha perjudicado tanto a las
exportaciones como a la modernización misma de la agricultura andaluza. Se la
ha impuesto una política centralizada, en la que esta Comunidad no ha tenido
más que muy poca voz y ningún voto. El amarre de la flota pesquera andaluza
durante varios meses en 2000, como consecuencia de la falta de acuerdos con
Marruecos, no es más que una de las muchas muestras de esta situación.
En definitiva, y desde una
perspectiva mucho más amplia que la exclusivamente andaluza, se ha asegurado
que no sólo en España, sino en el mundo rural mediterráneo coexistirán a corto
plazo a) los enclaves especializados en productos de alto valor añadido
(hortalizas, muy competitivos, aunque bajo las presiones extracomunitarias); b)
los enclaves dotados de recursos paisajísticos y con producciones de calidad
(zonas montañosas en donde los agricultores contribuirán a mantener el paisaje
y coadyuvar en actividades turísticas como las antes señaladas); c) las escasas
explotaciones modernizadas y competitivas, y d) inmensos espacios anteriormente
cultivados y ahora destinados a usos cinegéticos, forestales y similares, en
donde también se localizarán actividades socialmente poco deseables, como
vertederos y productos residuales.
5.- A modo de resumen
Los andaluces somos un pueblo
consciente de las peculiaridades de su devenir histórico, de la diversidad de
su medio ambiente y de la considerable variedad de su cultura, resultante lógico
de su gran extensión y de dichas peculiaridades, en contraste con otros de
mucha menor -o mayor- población, extensión y cambios en el tiempo. Igualmente
lo somos de sus desigualdades y diferencias internas y comparativas con
aquéllos. Pero como se demostró en febrero de 1980 y, repetidamente, después en
sondeos de opinión, mantenemos la conciencia de nuestra propia identidad, en
modo alguno incompatible con la española.
Las circunstancias de la
transición, primero, de la consecución de la autonomía después, del giro
político de 1982, del ingreso en la CE, y otras posteriores, condicionaron de
forma decisiva el ejercicio del poder en esta Comunidad Autónoma. De tal modo,
que a pesar de contarse desde hace dos décadas con el apoyo decidido e
ininterrumpido de una mayoría de su población, Andalucía no ha salido del
penúltimo puesto en que durante medio siglo se ha encontrado en las rentas
personales o familiares entre las CC.AA. españolas. Resultado de ello es una
creciente falta de ilusión y una cierta disminución, en el plano popular (no en
el oficial) de las referencias a "lo andaluz", en cuanto sentimiento
o identidad compartida, que claramente se perciben hoy en su opinión pública.
Es evidente que problemas de
poder personalista (caciquismo), y posteriormente de clientelismo partidista,
han impedido a lo largo de prácticamente todo el siglo XX que se consiguieran
las justificadas aspiraciones de Andalucía hacia su desarrollo social y
económico, coincidentes con los valores predominantes en su población.
Raramente el poder central ha
contribuido con eficacia a llenar tales expectativas, y tampoco su sector
empresarial, durante largo tiempo y con contadas excepciones, ha parecido estar
a la altura de las circunstancias. Los esfuerzos del gobierno autonómico por
disminuir su distancia económica respecto a la media del país, han tenido sólo
un éxito parcial. Incluso dentro de la propia Andalucía, se aprecian
diferencias socio-económicas considerables entre varias de sus provincias, y
desde luego entre muchas comarcas, sobre todo rurales, lo que perjudica a la
deseable actuación política conjunta de Andalucía, aunque no tanto a su
identidad como tal.
Sería necesario que las instituciones andaluzas, en forma coordinada, acometieran con decisión un cambio de rumbo que salvara los obstáculos, burocráticos o de meros intereses particulares, que impiden su despegue. Una actuación planificada, con la ayuda de la UE, y que conjuntara los esfuerzos de los sectores privado y público, evitaría que Andalucía siga siendo un territorio marginal o quizás parcialmente marginado de la UE, el cual se encuentra aún lejos de alcanzar todas sus potencialidades, así como el puesto que dignamente le corresponde entre las Comunidades Autónomas españolas.